UGT pide al PP “cambios que exigía cuando estaba en la oposición” para el servicio de ambulancias

Rueda de prensa de UGT sobre el servicio de ambulancias

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Isaías Ortega, ha explicado este viernes todo el proceso de negociación que su sindicato ha llevado con la nueva empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de la provincia, “para conseguir recuperar al máximo número de trabajadores de la anterior adjudicataria de este servicio público”, que se ve afectado por el hecho de que el Gobierno andaluz del PP “no asume los cambios que exigía cuando estaba en la oposición”.

En rueda de prensa, Ortega ha señalado que UGT estuvo trabajando desde el principio con ambas empresas en este proceso pero que, “debido a continuas denuncias de la anterior empresa, algunas a la Administración, el proceso de traspaso se fue alargando un año, desde que se aprobó la nueva concesión, por lo que la nueva empresa ha comenzado a prestar el servicio desde el 16 de septiembre” pasado.

En este contexto, Ortega la lamentado las continuas “trabas y falta de transparencia” que el sindicato y los trabajadores sufrieron por parte de la anterior adjudicataria “durante todos estos meses”, al no recibir la documentación solicitada, “como el listado del personal subrogable, el censo o la adscripción de los trabajadores”.

Respecto al trabajo realizado con la nueva adjudicataria del servicio, Ortega ha indicado que “desde el minuto uno se llevó a cabo un seguimiento y se abrió una negociación para que se cumpliera la Ley a rajatabla en los procesos de subrogación, y para poder ampliar al máximo el número de trabajadores subrogables de la anterior empresa y que pudieran seguir trabajando en la nueva”.

Ortega, que ha descrito el clima durante todo el proceso de negociación como “poco propicio”, ha criticado “las acciones del sindicato CTA, que no teniendo representación en la empresa, con total desconocimiento del proceso negociador que llevábamos a cabo y sin preguntar sobre él, llevó el conflicto a la calle, no favoreciendo en nada el clima en la negociación”.

A este respecto, el secretario provincial de UGT SP ha dicho que prefiere “pensar que en CTA desconocen por completo la legislación sobre subrogación, a pensar que ha estado engañando y manipulando a los trabajadores solo con fines partidistas y no con intención de arreglar la situación”.

Isaías Ortega ha aclarado que “no todo el personal es subrogable, como no lo es el personal directivo, los administradores, los socios y los familiares de ellos”, salvo que tengan contrato de trabajo y una antigüedad en la empresa de al menos seis meses, lo mismo que tampoco son subrogables “aquellos trabajadores que no están adscritos al servicio que se ha licitado”, y “sobre estas premisas hemos negociado para que pudiera quedarse en la nueva empresa el máximo número de personas que no tenían derecho a la subrogación”.

De hecho, UGT lo ha conseguido “permitiendo que aquellos trabajadores que tuviesen el título de técnicos en Emergencias Sanitarias pudieran ser contratados directamente, y a los que no lo tuviesen la posibilidad de reubicación en otra localización en la que la empresa tuviese posibilidad de contratarlos o permitiendo un tiempo para que pusiesen sacar el título mencionado, con el compromiso de ser incorporados tras su obtención, mediante unos estudios que la empresa se habría comprometido a pagar”.

Gobierno y oposición

Ortega ha explicado que su sindicato solicitó “un encuentro con la delegada de Salud, María Jesús Botella (PP), para tratar estos temas”, pues “llama la atención que, cuando estaban en la oposición, ellos mismos en 2018 y la delegada, como portavoz de Salud del PP, reclamaban que las ambulancias A1 se deberían utilizar tan solo para el transporte programado, al disponer solo de un conductor, y sin embargo ahora que están en el Gobierno” de la Junta de Andalucía, “las están utilizando para servicios de urgencias”.

Finalmente, el secretario de UGT SP ha resaltado que, desde el pasado 28 de octubre, “cuando se produjo una reunión con la nueva empresa, se ha creado una mesa permanente de negociación para resolver todas las incidencias que afecten a los trabajadores”.

Por su parte, el delegado de los trabajadores de UGT en la empresa, Enrique Pérez, ha dicho que, tras las reuniones mantenidas con la empresa, no salieron contentos, debido “al servicio que la Administración le pide a la empresa, que es algo inhumano, ya que vamos a recoger a pacientes, incumpliendo el Real Decreto de 2012, con vehículos A1 que solo llevan a un conductor, circunstancia que denunciaba el PP cuando estaba en la oposición pero que siguen llevando a cabo ahora que están en el Gobierno”.

El delegado de UGT ha aclarado que en estos vehículos, “con tan solo el conductor, se llevan a cabo recogidas de personas tras un accidente de tráfico, fracturas de cadera e incluso infartados, personas que en recorridos de 45 minutos, como puede ser el traslado desde Palma del Río hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba, ni van en las mejores condiciones, ni reciben las atenciones médicas que son precisas y necesarias en estos casos, porque si yo voy conduciendo desconozco en todo momento la situación en la que está el paciente en la parte posterior del vehículo”.

Pérez ha señalado que, respecto a estas carencias en los servicios de transporte sanitario “Córdoba es la peor de toda España”, y ha puesto como ejemplo Almería, provincia que, “con menos población, recibe casi el doble de inversión en este servicio, lo que se traduce en una dejadez absoluta por parte de la Junta hacia nuestra provincia”.

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