IU exige la financiación y puesta en marcha de políticas públicas de Memoria

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba llevará al Pleno provincial de noviembre una proposición para exigir la financiación y puesta en marcha de políticas públicas de Memoria Democrática en Andalucía que acaben con la “parálisis” del Gobierno andaluz en la materia. Además, IU planteará una iniciativa para exigir “más autonomía financiera para las entidades locales”, algo que pasa inevitablemente por “la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del PP, que mantiene amordazados a los ayuntamientos”. 

El portavoz de IU en la institución provincial, Ramón Hernández, ha señalado que “la Junta de Andalucía, gobernada por la derecha con apoyo de la ultraderecha, lleva más de dos años paralizando el desarrollo e impidiendo la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017, que fue aprobada sin ningún voto en contra con amplio apoyo social y parlamentario”. Esta ley está siendo “derogada de facto” mediante “la ausencia de desarrollo normativo y el estrangulamiento presupuestario” por parte del Gobierno andaluz, que “destina solo 110.000 euros a actuaciones prácticas, con lo que, de destinarse a proyectos de localización y exhumación de fosas comunes, se estaría dedicando un presupuesto anual de poco más de dos euros por víctima desaparecida o ejecutada en la Comunidad Autónoma que mayor represión sufrió, y que concentra casi la mitad de víctimas del franquismo del conjunto del Estado”.  

En el caso de Córdoba, “salvo los anunciados (y no ejecutados) 75.000 euros de un total de 400.000 comprometidos en cuatro años para las grandes fosas del genocidio de Queipo y Cascajo en la capital, la Junta ni está ni se la espera en el resto de exhumaciones provinciales, que están saliendo adelante gracias al esfuerzo de las Administraciones Locales, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de esta Diputación Provincial”. Así ha ocurrido y ocurre en Aguilar, en Monturque, en Cabra, en Hinojosa, en Guadalcázar, en la Victoria o en San Sebastián de los Ballesteros. 

Además, la Junta está “incumpliendo la Ley al permitir que se vulneren los derechos de Verdad, Justicia y Reparación”, como sucedió en Córdoba capital “al reponerse los nombres en el callejero de significados golpistas sin respuesta alguna de la Junta”, que también mantiene “el nombre de José María Pemán, ideólogo de la represión del magisterio, en un colegio público de Puente Genil, mientras se toleran manifestaciones públicas de enaltecimiento a los que propiciaron el golpe y la dictadura franquista”.  

Autonomía para los ayuntamientos 

En cuanto a la segunda de las proposiciones, el portavoz de IU ha recordado que “el acuerdo de coalición entre PSOE e IU en el Gobierno central cita textualmente la ampliación de competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica”. Hernández ha recordado el “trascendental papel” que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19, con “un esfuerzo inversor importante, asumiendo competencias impropias y realizando esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social y proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar servicios sociales básicos”. 

Por ello, la iniciativa llevada a Pleno por el grupo provincial insta a la “derogación de la Ley del PP y la aprobación de una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica. y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”. En esta línea, plantea dar cumplimiento al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español, así como llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para introducir elementos de progresividad tributaria, articular medidas para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a las segundas residencias o revisar los privilegios fiscales de la Iglesia, entre otras cuestiones.