Córdoba apoya a Cusco (Perú) en la lucha contra la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres

Cusco (Perú) soporta una de las cifras más altas de violencia contra mujeres y adolescentes en el país andino y, de hecho, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, los datos de 2023 indican que “el 80,6% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida”, precisando, en cuanto a las adolescentes, que “el 72% de las víctimas en Cusco pertenece a este grupo, muchas de ellas expuestas a violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y falta de atención psicológica”.

Así lo ha destacado en su web, consultada por Europa Press, la Fundación Social Universal (FSU), que, desde Montilla (Córdoba), ha unido fuerzas en Cusco con el Centro Guaman Poma de Ayala, para poner en marcha un nuevo proyecto que busca “transformar la prevención y atención de la violencia de género en los distritos de Cusco, Santiago y Poroy”, en este último caso con una intervención paralela financiada por el Ayuntamiento de Montilla.

Es más, el proyecto cuenta con financiación de la Diputación de Córdoba y de seis ayuntamientos del Sur de la provincia (Montilla, Montemayor, Moriles, Santaella, Nueva Carteya y La Rambla), y busca fortalecer la respuesta institucional, comunitaria y educativa para prevenir y atender la violencia de género en los mencionados distritos, que tienen unas de las tasas más altas de violencia hacia las mujeres en Perú.

Entienden la FSU y el Centro Guaman Poma de Ayala que, “a pesar de los esfuerzos del Estado” en el país sudamericano, “aún persisten grandes brechas”, dado que “un 34% de adolescentes víctimas de violencia sexual no recibe ningún tipo de atención, y el 45% no accede a apoyo emocional”.

La iniciativa de ambas organizaciones se basa en una alianza de casi 30 años entre ambas organizaciones, caracterizada por el trabajo conjunto con municipalidades, escuelas y comunidades, y por su “compromiso con la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres”.

La propuesta plantea “una intervención integral orientada a fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a la violencia. Para ello, se trabajará con municipalidades, centros educativos y organizaciones sociales, con el fin de convertir la protección de niñas y adolescentes en una realidad efectiva, y no solo en una promesa legal”.

Entre las acciones principales destacan el “fortalecimiento de la gestión municipal, brindando asistencia técnica para la ejecución de planes operativos y la creación participativa de un protocolo local de atención integral a adolescentes víctimas de violencia, con enfoque centrado en la víctima y respeto a los derechos humanos”.

También se trabajará en la “capacitación de funcionarios públicos en el uso del presupuesto destinado a prevenir la violencia, promoviendo una gestión más eficiente e inclusiva”, junto a un “trabajo directo con la comunidad educativa, mediante espacios de escucha activa para identificar, prevenir y actuar ante las formas de violencia que viven las adolescentes”.

También se llevará a cabo “formación de comunicadores escolares, quienes liderarán campañas de prevención en redes sociales, medios comunitarios y sus propios colegios, convirtiéndose en protagonistas de la construcción de entornos seguros e igualitarios”.

Igualmente, se buscará el “empoderamiento de mujeres lideresas, el fortaleciendo su autonomía social y económica, y potenciando su rol como defensoras de derechos en sus comunidades”, junto al “codiseño de un expediente técnico de inversión pública, que permita a las municipalidades incorporar de manera sostenible acciones de prevención de la violencia”, además de campañas de comunicación “centradas en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto, como pilares fundamentales para erradicar la violencia en todos los ámbitos sociales”.

El proyecto reconoce a las adolescentes, “no solo como beneficiarias”, sino como protagonistas “clave de transformación social, capaces de impulsar campañas, generar conciencia y promover entornos seguros”. Para ello, con este proyecto se apuesta “por el liderazgo de mujeres organizadas, quienes asumirán un rol activo en la vigilancia, prevención y respuesta frente a la violencia en sus territorios”.

La propuesta se distingue, finalmente, por “institucionalizar un enfoque centrado en la víctima, promover la restitución de derechos y reforzar capacidades locales para asegurar la continuidad de las acciones. Además, busca instalar la prevención de la violencia como una prioridad en las agendas municipales y educativas, generando condiciones para la sostenibilidad y escalabilidad de la intervención”.