Córdoba CF

García Amado defiende ante el juez que la venta de Guardiola y Aguado dejó un beneficio de 2,5 millones

Un nuevo paréntesis se abre en el camino judicial que atañe actualmente al Córdoba CF. En este caso, de nuevo, referido al informe de calificación del segundo concurso de acreedores del club blanquiverde, el cual concluyó posteriormente con la conocida venta de la unidad productiva a Unión Futbolística Cordobesa. El mismo, que fue remitido el pasado mes de mayo al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba con la firma del administrador concursal, Francisco Estepa, y el cual se calificaba como “culpable”, ha recibido la oposición de sus principales afectados, a través de distinto escritos remitidos igualmente a dicho juzgado.

En el informe se reclaman cerca de siete millones de euros, además de la inhabilitación para “administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona” en diferentes términos para cada uno de los citados. El más afectado, sin duda, es Jesús León, quien fuera consejero y presidente del Córdoba CF entre el 22 de enero de 2018 y el 9 de noviembre de 2019, y para el que se pide la “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” durante un periodo de 15 años, además de 5,3 millones de euros por “daños y perjuicios”. Igualmente, otras personalidades que también tenían responsabilidad según el informe son Luis Oliver, Alfredo García Amado, Magdalena Entrenas, Manuel Garrido o Francisco de Paula.

La propia Entrenas, consultada en su momento por CORDÓPOLIS, ya calificó el documento como “completamente tendencioso” y que está “plagado de errores. Con datos sesgados e incompletos, muy poca enjundia jurídica y un total desconocimiento del fútbol profesional”. Así, los escritos de oposición han ido presentándose conforme se ha emplazado a las personas citadas.

Entre los argumentos que trata de replicar dicho informe de calificación, destaca el conocido y cuestionado traspaso de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Real Valladolid. Una operación “ruinosa”, según el documento escrito por Estepa, y que tuvo un perjuicio económico para el club de más de 4,3 millones de euros. En contraposición a éste se expresa, entre los afectados, el propio Alfredo García Amado, quien fuera director general de la entidad cordobesista durante parte de la etapa de Jesús León. En el escrito de oposición del actual director general del Granada CF se explica que “el administrador concursal obvia la operación del jugador Álvaro Aguado para presentar de forma radicalmente sesgada la realidad”, resaltando que las dos operaciones “se firman de forma simultánea, en el mismo acto y el mismo día”. Así, en el cómputo de ambas, el documento de García Amado subraya que la operación “generó 2.483.334 euros de beneficios directos a las maltrechas y asfixiadas arcas de la concursada”.

En concreto, según se especifica en el documento, el Real Valladolid pagó al Córdoba CF tres millones de euros por Sergi Guardiola y dos por Álvaro Aguado. De ese montante total, 1.500.000 euros van para el Getafe por el acuerdo de rescisión de la cesión del ariete, 250.000 euros (150.000 por Guardiola y 100.000 por Aguado) van para Scouting Mesas Sport, 466.666 para el agente del delantero como comisión de un contrato de fecha 12 de marzo del 2018 y 300.000 para Eisenar Sport SL, lo cual es “una obligación adquirida por Jesús León en base a un contrato de fecha 8 de junio de 2018”. Por tanto, el beneficio total para el Córdoba CF quedaría en cerca de dos millones y medio, a razón 583.334 euros por Guardiola y 1.900.000 por el centrocampista. 

En definitiva, las cuentas establecen que el Córdoba CF finalmente ingresó menos de la mitad del coste total del traspaso de ambos jugadores, cifrado en unos cinco millones de euros, debido principalmente al coste que le supuso la contraprestación que tuvo que abonar al Getafe por recuperar los derechos de Guardiola, cuya venta supuso únicamente unos ingresos de 583.334 euros, muy inferior a los tres millones que pagó realmente el Valladolid. Con todo, García Amado puntualiza en el documento que “el Real Valladolid CF SAD exigió en la negociación la realización de ambas operaciones”, pues “o se hacía conjuntamente o no se hacía ninguna”.