El año en que (casi) todo cambió en El Arcángel

Todo es distinto ahora. O casi, más bien. El escenario y los protagonistas son otros, a excepción de unos cuantos. Cierto es, además, que el centro contextual de la historia tampoco varía. Se trata de El Arcángel, que ahí sigue como sede de un club reformado tan profundamente que en la actualidad posee otra nomenclatura societaria. Sea como fuere, este 5 de diciembre no es un día cualquiera para una entidad que procura salir adelante tras caer en la más calamitosa de las situaciones durante su existencia. Más que nada porque este sábado se cumple un año de la adquisición del Córdoba, de su unidad productiva en realidad, por parte de Infinity. Aunque el fondo de inversión de la familia real de Baréin no es el propietario directo a nivel mercantil, ya que lo es Unión Futbolística Cordobesa (UFC). La sociedad creada para este fin representa en España y de la mano de Crowe -despacho de su consejero delegado, Javier González Calvo- del capital con origen en el país árabe. De la forma que sea, la realidad del conjunto blanquiverde es muy distinta hoy en día.

Un proceso desconocido para una solución de urgencia

La de este sábado pero en 2019 no es la única fecha de interés transcurrido un año. Ya el 7 de noviembre hubo que recordar uno de los momentos más tristes en lo que al Córdoba se refiere. Entonces se cumplió otro primer aniversario, el de la detención del entonces propietario y presidente de la entidad, Jesús León, por parte de la Guardia Civil. Aquel suceso tuvo lugar tras una operación -con registros en las oficinas de El Arcángel y la casa del empresario de Montoro- ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad. Dos días después el titular de dicha sala, Antonio Rodríguez, disolvió el consejo de administración de la sociedad (SAD) y dictó una administración judicial a cargo de Francisco Estepa y Javier Bernabéu. Fueron ellos los encargados de revisar la situación de la entidad y marcar el camino posterior.

Francisco Estepa obtuvo posteriormente, no mucho tiempo después, un doble auto del Juzgado de lo Mercantil número 1, cuyo titular es Antonio Fuentes, para abrir un nuevo concurso de acreedores y lograr la venta de la unidad productiva de la SAD. La última idea suponía el inicio de un proceso totalmente desconocido en el mundo del fútbol y del deporte, al menos en España. Significaba extraer de la sociedad original todos sus elementos activos -esto es cada símbolo del club y sus empleados, sobre todo-. Tuvo comienzo en ese instante un procedimiento que era una especie de subasta de los ya mencionados derechos de la entidad. Ocurrió a raíz de una oferta en este sentido de UFC con el depósito de tres millones de euros en la Ciudad de la Justicia. Esa cuantía estaba destinada a responder a las deudas que hacían peligrar la propia existencia del cuadro califal. Se trataba de una solución de urgencia, por tanto, ante el peligro que el Córdoba sufría de desaparecer.

El Día D no acaba con la incertidumbre

El 5 de diciembre de 2019, tal día como este sábado hace un año, Francisco Estepa, como administrador concursal -también- de la SAD, y Javier González Calvo, como mandatario de UFC, rubricaron el contrato de compraventa de la unidad productiva del Córdoba. Dicho procedimiento concluyó aparentemente en enero, cuando el acuerdo fue suscrito en acta notarial. A corto plazo -cortísimo de hecho- la operación permitió solventar el principal problema para el conjunto blanquiverde: el impago de nóminas a los empleados, entre ellos los deportivos. Pero la incertidumbre siguió en el apartado institucional, con presencia constante en los juzgados. Y no sólo los de la ciudad sino de Madrid, Granada o Sevilla. La batalla judicial, abierto un tiempo antes, fue a más y los litigios crecieron con cada vez más actores en escena. El caso es que el pasado 20 de febrero la Audiencia Provincial recusó a Antonio Fuentes en el proceso abierto en el noviembre anterior. La adquisición del cuadro califal por parte de Infinity quedaba en el aire, pese a lo que sus representantes en El Arcángel continuaron adelante con todas las obligaciones que les correspondían. Esto se tradujo en más de seis millones de inversión -o gasto, según se mire- para normalizar y estabilizar la situación y proseguir en el plano deportivo.

Aun con relativa calma en la gestión, UFC tuvo que continuar con su proyecto entre un maremágnum de denuncias cruzadas que no dejaron de afectar a sus hasta no mucho después sólo teóricos derechos. Prosiguió, lógicamente, el contencioso entre Azaveco -esto es Carlos González- y Aglomerados -la empresa de Jesús León-; Bitton Sport -y por tanto Luis Oliver y Joaquín Zulategui- querellaron a los jueces; más de un acreedor de la entidad, como Aceites García de la Cruz, trataron de impedir la referida venta de la unidad productiva en defensa de sus derechos de deuda, e incluso llegó a darse la primera desaprobación de unas cuentas de la SAD, elaboradas por la administración judicial. Son sólo algunos ejemplos mientras de lo sucedido mientras el procedimiento iniciado en noviembre de 2019 alcanzaba firmeza jurídica. El temor a lo largo de todo este período era que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no admitiera el cambio societario. Al fin, el 9 de octubre el juez Fernando Caballero, relevo de Fuentes en el caso, acabó con la inquietud al ratificar lo dispuesto y obligara al organismo bajo el mando de Luis Rubiales de aceptarlo.

Nuevo rumbo, con proyecto incluso de ciudad

Con la certificación de la propiedad para UFC -y esto es Infinity-, la entidad vio abierta ya sin dudas la vía para su proyecto. Si bien en realidad arrancó mucho antes, ya en enero incluso, con la contratación de hasta tres personas para la dirección deportiva. Llegaron entonces Miguel Valenzuela, Juan Gutiérrez Juanito y David Ortega, el último para trabajar en materia de cantera. En verano efectuó una profunda reestructuración de su organigrama, en el que incluyó el primer departamento de Salud propio en la historia del conjunto blanquiverde -con Víctor Salas al frente-. La pretensión a partir de ese momento era crear una organización mucho mayor y más profesionalizada con el objetivo de alcanzar a medio plazo la máxima categoría y, sobre todo, formalizar una hoja de ruta de futuro. En este sentido, se otorgó un especial interés a la cantera.

Pero el proyecto de la nueva sociedad no es únicamente deportivo e institucional. A su llegada a la ciudad, Javier González Calvo dejó claro la idea de los inversores -con la familia real de Baréin tras Infinity- de intervenir en otros campos. De entrada, y éste es un asunto del que se habla cada cierto cúmulo de semanas, la propiedad del Córdoba desea finalizar El Arcángel y construir una ciudad deportiva que sea del club y no prestada. Sobre el estadio, el consejero delegado de UFC estableció también como condición la reactivación de su entorno -es decir, de El Arenal pero sin que afecte a lo que es el Recinto Ferial-. Se trata de dos iniciativas que han de ser, en teoría y según el discurso de los mandatarios califales, el principio de una ligazón más extensa entre el fondo con capital del país árabe y Córdoba. Porque la meta es llevar a cabo un plan de inyección a todos los niveles.

Lo que no cambia…

Muchos son los cambios en la entidad pero todavía faltan otros que no se producen. Sin ir más lejos, la tranquilidad institucional se resiste. Eso sí, ahora los problemas se dan en torno a la SAD original y no a la actual. Básicamente porque la batalla judicial sigue adelante. Y no sólo eso sino que suma nuevos frentes con el transcurso de las semanas. Recientemente, por ejemplo, hubo constancia de una denuncia contra los ya ex administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, y el concursal del primer proceso en este sentido, Daniel Pastor. La demanda, por hasta seis presuntos delitos, la presentó meses atrás, como acreedor -al ser prestamista de Jesús León-, Aceites García de la Cruz pero no fue hasta finales de octubre cuando el Juzgado de Instrucción número 7 decidió asumirlo y abrir causa. Mientras, el viernes se conoció la reclamación de Prasa -propietaria de la sociedad entre 2000 y 2011- de seis millones de euros a Azaveco -mercantil de Carlos González- por una cláusula del contrato de compraventa que ambas firmas rubricaron en 2011. Además, el Juzgado de Primera Instancia número 8, a raíz de esta petición, dictó auto para la suspensión cautelar de los derechos políticos de la segunda de las empresas del Córdoba CF SAD.

Y tampoco hay variación por ahora en otro aspecto, que es el que al final termina por ser el que ocupa y preocupa a los aficionados. Éste es el deportivo, un plano éste en el que la entidad continúa sin vivir una temporada sin contratiempos. Con una plantilla de garantías, y considerada como la mejor de Segunda B según la dirección deportiva del cuadro califal, el primer equipo está lejos de sus primeros objetivos en este extraño curso 2020-21. Un hecho éste que supuso, hace sólo unos días, la destitución de Juan Sabas como entrenador. La trituradora blanquiverde, como denominó a comienzos de siglo al Córdoba el técnico Fernando Castro Santos, también funciona igual.