La administración judicial del Córdoba reclama a González 8,1 millones de euros

Administradores judiciales del Córdoba, en comparecencia de prensa | ÁLEX GALLEGOS

El que termina es, sin género de duda, el año más complejo en la historia del Córdoba. Más por la situación en el plano institucional y económico que por el plano deportivo, y eso tampoco es que haya marchado muy bien. La problemática abierta a nivel judicial desde tiempo atrás suma un nuevo frente cuando 2019 está a punto de acabar. Así es después de que los administradores judiciales del club hayan reclamado a Azaveco, o lo que es lo mismo Carlos González, el pago de 8,1 millones de euros. Esta cantidad corresponde a la deuda de la entidad en el momento en que el tinerfeño obtuvo su propiedad en 2011. El requerimiento de abono se efectúa con un plazo máximo de 15 días mientras se estudia la presentación de los hechos al Juzgado de Instrucción e incluso a la Fiscalía por un posible delito de administración desleal.

La solicitud la realizan los administradores judiciales por medio de un escrito en el que deniegan la ampliación del orden del día de la junta general extraordinaria convocada a petición de Azaveco. Cabe recordar que dicha asamblea de accionistas está fijada el 15 de enero y tiene como punto principal el cese del consejo de administración del Córdoba CF SAD y el nombramiento de un nuevo. Tras hacerse oficial su celebración, Carlos González a través de la empresa con que fue máximo accionista del club instó a incluir otros asuntos. Entre ellos estaba la capitalización de deuda tanto por su parte como de Bitton Sport (Luis Oliver), entre otros. La respuesta a esta reclamación es la que contiene el citado requerimiento de pago al canario.

Según ha adelantado ‘La Jugada’ de Canal Sur Radio y posteriormente ha confirmado este periódico, los administradores judiciales reclaman a Carlos González el abono de 8,1 millones de euros al Córdoba CF SAD. La medida la desgranan en un escrito de ocho páginas que cuenta, como es lógico, con sus firmas -las de Francisco Estepa y Javier Bernabéu-. En el texto, al que ha tenido acceso CORDÓPOLIS, recuerdan el compromiso de Carlos González a través de Ecco Documática de responder a la deuda contraída por la entidad en el momento de la adquisición de su paquete mayoritario de acciones en 2011. El contrato se cerró con Prasa, cabe rememorar. En este sentido, añaden parte del documento firmado ante notario para la operación, así como del informe que la administración concursal de entonces realizó.

Así, la administración judicial del Córdoba recoge el punto del contrato con Prasa en que se afirmaba que "Ecco Documática, SA asume, a sus expensas, el pago de las deudas sociales de la Compañía (Córdoba CF SAD), tanto las generadas hasta el día de hoy como las que se generen en el futuro". Los 8,1 millones de euros que reclaman a Carlos González son exactamente los que supusieron el concurso de acreedores en 2011, un proceso cuyo informe provisional indicaba que, por el compromiso contraído en la operación con Prasa, "la administración concursal ha incluido en el activo (de la SAD) un derecho de cobro a la entidad compradora de las participaciones sociales Ecco Documática, SA por importe de las deudas sociales".

Justo después de exponer las circunstancias, la administración concursal explica que "no sólo Ecco Documática, SA no impugnó ninguno de los indicados documentos, sino que en el plan de viabilidad adjunto a la propuesta de convenio de acreedores (de marzo de 2012) y que elaboró la propia concursada se incluyó tal derecho de cobro dentro del activo del club". "Pese a lo expuesto, en las cuentas anuales del CCF SAD correspondientes al ejercicio social en curso al momento de los hechos (temporada 2011-12) se suprimió tal derecho de cobro, sin una mínima justificación al respecto, distorsionando gravemente la imagen patrimonial del club a la par que perjudicando tanto el interés de la misma como de sus socios minoritarios", prosiguen en su texto Francisco Estepa y Javier Bernabéu.

"Dada la gravedad de lo expuesto, en atención a la actual situación de insolvencia de la empresa, se le requiere por la presente para que en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la recepción de la presente, proceda al íntegro pago al CCF SAD del derecho de crédito que le adeuda a la fecha, ascendente a 8.086.978,36 euros", zanja la administración judicial del Córdoba. Por último, se concluye en el escrito que esta medida se efectúa sin paralizar posibles acciones en sede judicial: "Sin perjuicio de que procedamos a informar al Juzgado de Instrucción y/o al Ministerio Fiscal sobre los indicados hechos". El motivo no es otro que "la posible comisión de diversos ilícitos, entre otros, el de administración desleal" por parte de Carlos González.

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