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Suspendida la declaración judicial de David Dorado por el 'caso Infraestructuras'

David Dorado en su primer Pleno como concejal no adscrito

Alfonso Alba

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La declaración ante el juez prevista para este jueves por el concejal David Dorado ha sido suspendida. La huelga de letrados judiciales ha obligado a suspender una cita ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que estaba prevista desde hacía un mes y medio. Dorado, actual concejal no adscrito, fue arrestado en el marco de una investigación denunciada por IU en 2021, cuando era delegado de Infraestructuras en el Ayuntamiento. El magistrado también había citado a otras 11 personas, entre ellas a su excoordinadora general, a un funcionario y a nueve empresarios. Se investiga un supuesto caso de corrupción en los contratos de este área.

De momento, se han suspendido todas las declaraciones judiciales previstas para este jueves. Dorado estaba llamado a declarar a las 10:30. Antes, a las 9:30 iba a comparecer el funcionario investigado, exjefe de Mantenimiento de Edificios Públicos en el Ayuntamiento. A las 10:00 iba a ser el turno de la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno. Ninguno declarará este jueves, tras la suspensión de las vistas por la huelga de los letrados judiciales.

Para el viernes, el juez iba a escuchar a los empresarios que también fueron detenidos en diciembre, en la conocida como operación Caronte. Desde entonces, ninguno de los arrestados por la Policía Nacional no han sido escuchados como investigados en sede judicial. La huelga de letrados hará que se vuelva a retrasar la instrucción de este caso.

Este caso saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

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