Piden hasta ocho años de cárcel para dos acusados de tráfico de drogas en Córdoba tras meses de vigilancias de la Guardia Civil

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita seis y ocho años de prisión para dos hombres acusados de tráfico de drogas y de pertenencia a un grupo criminal, en un juicio celebrado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. Además, otros dos procesados permanecen huidos de la justicia. La petición de la Fiscalía para F. M. es de seis años —cinco por tráfico de drogas y uno por pertenencia a grupo criminal— y para Edison L. es de ocho años —seis por tráfico y dos por organización criminal—. La causa por tenencia de billetes falsos ha sido retirada del escrito de calificación, ya que se juzgó por separado.

La investigación policial duró siete meses de vigilancias, durante los cuales la Guardia Civil observó de manera continuada los movimientos de los acusados y de otras personas vinculadas al grupo. Cuando explotó la operación -término que se refiere a cuando se produce el fin de la investigación y se llevan a cabo las detenciones- en enero de 2021, los agentes realizaron siete registros en distintos domicilios y trasteros que el grupo habría usado para guardar la droga. En ellos se intervino material diverso relacionado con la elaboración y adulteración de estupefacientes, como balanzas, cucharas, bolsas perforadas, botes de sosa cáustica, papel film y cajas de caudales, así como dinero en efectivo y sustancias estupefacientes ya mezcladas listas para la venta. Entre la droga incautada, se encontró cocaína de gran pureza, cercana a medio kilo, cuyo valor en el mercado en 2020 se estima en más de 60.000 euros.

Uno de los acusados, F. M., ha declarado que hasta 2020 vivía con su abuela en el piso que ella tenía en el bloque de Vimcorsa de Joaquín Sama Naharro. Cuando la anciana falleció, la empresa municipal de viviendas de Córdoba le habría notificado que debía abandonarlo. Tras esto, pasó a residir en un piso de la calle Santa Rosa, que sería propiedad de C., uno de los acusados que no se ha presentado al juicio. Aunque ha reconocido su pasado de toxifrenia, ha asegurado que desconocía que en ese piso hubiera cocaína ni material para facilitar la venta de la droga. “Yo solo tenía una habitación y no sabía qué había en las bolsas” que la Guardia Civil halló en el domicilio, con estupefacientes en su interior. “A mí me han usado”, ha asegurado, a la vez que ha afirmado que C. le ha hecho regalos alguna vez que consistían en suministrarle cocaína.

Sobre los movimientos observados por la Guardia Civil, ha negado haber participado en la distribución de drogas y también ha negado que en el piso de Sama Naharro se celebraran reuniones relacionadas con drogas, asegurando que estos encuentros siempre se realizaron en el bar que hay en este bloque.

Por su parte, E.A., ha confirmado que vivía en la calle Virgen de las Angustias y que contaba con un trastero alquilado en Cronista Maraver, que utilizaba principalmente para guardar herramientas y consumo personal de droga. Ha explicado que tras salir de la cárcel “por una condena larga”, le costó encontrar trabajo debido a esos antecedentes. Sin embargo, una empresa relacionada con el mundo de la noche lo acabó contratando. Eso fue, ha dicho, el desencadenante de su relación con las drogas. De hecho, en el trastero que tenía alquilado, la Guardia Civil halló 128 gramos de cocaína “para consumo propio”. A preguntas de la Fiscalía ha respondido que tenía ahí la droga para “evitar tenerla en casa”, donde vivía con su mujer y su hija, y que poseía una cantidad tan elevada “para no tener que ir constantemente al punto de venta en el Sector Sur”.

Por otro lado, este procesado ha asegurado que las visitas que tenía con el resto de acusados eran por motivos personales y no por una actividad delictiva. Para la Fiscalía y para los agentes de la Guardia Civil, E.A. tenía un papel preponderante en el grupo criminal que habría realizado transacciones, también, en la provincia de Málaga.

Una vez finalizada toda la prueba testifical, las partes han elevado a definitivas sus calificaciones. La Fiscalía ha mantenido sus penas de prisión mientras que la defensa de F. M. ha pedido la absolución. Por su parte, el letrado de E. A. sí ha modificado su escrito y ha solicitado que se le condene a tres años de prisión por un delito contra la salud público con relación a los 128 gramos de cocaína que la Guardia Civil halló en el trastero que tenía alquilado. Para esa pena ha solicitado que se le apliquen las atenuantes de toxifrenia y dilaciones indebidas, concurriendo además la agravante de reincidencia.

El juicio concluirá mañana con la lectura de los informes de las partes.