El juzgado abre diligencias contra la promotora inmobiliaria cordobesa acusada de estafar a familias en la costa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha dictado un auto por el que abre diligencias para investigar el caso de la promotora inmobiliaria registrada en Córdoba que está acusada de estafar alrededor de 20 millones de euros a familias por la compra de viviendas no construidas en la costa andaluza y de Murcia.

El auto, fechado el 26 de enero y consultado por este periódico, da cuenta de la querella presentada por los afectados por la presunta estafa inicialmente en Almuñécar (Granada) y señala que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Por ello, el juez ha tomado la decisión de incoar diligencias previas.

Asimismo, ordenado la práctica de diligencias. La primera, ya ejecutada este mismo martes 30 de enero, ha sido la ratificación de los querellantes en su decisión ante el juzgado, según ha confirmado a Cordópolis el abogado que les representa, Francisco Javier Ortega, del despacho LexForma. La querella presentada acusa a la promotora CJDE FAM 2016 SL -bajo ese nombre en el Registro Mercantil y con domicilio en Córdoba-, de estafa y apropiación indebida.

La representación de las familias afectadas en este primer caso de la costa granadina han pedido al juez que investigue las cuentas corrientes de la promotora y sus titulares, así como el destino final del dinero. También que se llame a declarar a las direcciones de las entidades bancarias sobre la vigilancia de las cuentas y que presten declaración los integrantes de la promotora. Si no acudieran, ya han pedido que se expida “una orden de búsqueda y captura en caso de que no comparezcan”, explica el abogado.

Pagos de 20.000 euros y afectados en la costa de Granada, Almería, Málaga y Murcia

Los afectados en Almuñécar representan la punta del iceberg de una presunta estafa inmobiliaria que asciende a 20 millones de euros sobre familias de varias provincias de Andalucía y de Murcia. En este municipio granadino –y luego se ha visto que también en otros puntos de la costa andaluza y murciana–, la citada promotora cordobesa de viviendas promocionó la construcción del residencial Mirador de Atalaya, un bloque de pisos que iba a levantar en la zona del Tesorillo. Se construiría en un solar de 6.000 metros cuadrados pero, los compradores que esperaban su vivienda descubrieron que ni siquiera la parcela era propiedad del grupo inmobiliario al que habían dado su dinero en concepto de reserva y que el Ayuntamiento del municipio no tenía constancia de que hubieran solicitado licencia, una situación que se ha repetido en otras provincias afectadas por esta presunta estafa.

Alertados por esos hechos y después de haber pagado una media de 20.000 euros en concepto de reserva por sus pisos, las familias constituyeron una plataforma de afectados y recurrieron al despacho de abogados LexForma, que presentó en su nombre una querella por la presunta estafa y por apropiación indebida.

La promotora cordobesa habría actuado de la misma forma en las provincias de Málaga –en los municipios de Mijas y Alhaurín el Grande– y Almería –Roquetas y Aguadulce–, además de Granada y en Águilas (Murcia). Todas eran promociones en la costa y, en total, los representantes legales calculan que habría un millar de personas afectadas.

La firma responde en el Registro Mercantil al nombre de CJDE FAM 2016 SL y utilizaba como nombre comercial el de Grupo 21. Esta sociedad era la que firmaba los contratos de venta de los inmuebles que promocionaban, indican desde el despacho de abogados.

En el caso de Almuñécar que sirvió para tirar del hilo de esta presunta estafa, los promotores colocaron un cartel anunciando el residencial que decían iban a construir en un solar que no les pertenecía. Tiempo después, tuvieron que quitarlo. Con unas infografías sobre los edificios que vendían en una página web y un número de teléfono, las familias interesadas contactaron con ellos y, en enero de 2022, pagaron “una media de 20.000 euros de reserva, con la promesa de construir las viviendas”, siempre en la costa.

El tiempo corría sin que tuvieran noticia de la construcción de los pisos y “fue la misma empresa quien comunicó, en el caso de Almuñécar, que la promoción no se iba a poder llevar a cabo y que devolverían el dinero. Pero eso nunca se cumplía”, cuenta el abogado. Luego, diversas excusas, petición de más documentos y nuevas fechas para la devolución alargaban la espera sin resultado.

Y ahí fue cuando los primeros afectados constituyeron una plataforma que se puso en manos del despacho de abogados que ha presentado la primera querella contra la promotora cordobesa en los tribunales por lo ocurrido en Almuñécar. No constaba proyecto alguno ni documentación para su construcción.

También se han organizado familias afectadas en Almería y en Murcia, y el próximo 7 de febrero tendrá lugar una reunión con los abogados para decidir si a través de LexForma se amplía la querella ya presentada por estafa y apropiación indebida. En total, calculan que puede haber un millar de afectados en las provincias andaluzas y Murcia.