La jueza pide a Adif más expedientes de las obras del tramo del accidente de Adamuz

La jueza de la plaza númeor 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha acordado una nueva batería de diligencias dentro de la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado mes de enero. Entre ellas, destaca el requerimiento dirigido a Adif para que aporte varios expedientes administrativos relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo de Adamuz, al considerar que forman parte del expediente de la actuación y todavía no constan incorporados a la causa.

La resolución, fechada el 12 de julio y a la que ha accedido este periódico, ordena a Adif remitir el proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura entre Guadalmez y Córdoba, la documentación del suministro y premontaje de aparatos de vía, el expediente relativo al suministro y transporte de balasto para la renovación de desvíos, el proyecto de renovación de desvíos de la fase 2 y los proyectos de ejecución -y sus posibles modificaciones- correspondientes a la renovación de elementos de la línea aérea de contacto entre los puntos kilométricos 315 y 470 de la línea Madrid-Sevilla.

Antes de realizar este requerimiento, la magistrada ya ha incorporado al procedimiento dos expedientes que, aunque habían sido aportados, no figuraban en la relación de contratos correspondientes a las actuaciones en el tramo de Adamuz. Se trata de un contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de los proyectos y obras de renovación de distintas instalaciones ferroviarias y de otro de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de energía de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La providencia también ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba que identifique, con la mayor brevedad, al fabricante del tren Alvia implicado en el accidente y a técnicos o trabajadores de la empresa fabricante, así como de Renfe e Iryo, que puedan participar en un nuevo análisis e interpretación de los datos obtenidos de las unidades registradoras de los trenes accidentados. La jueza ha precisado que se procurará que sean profesionales distintos de los que intervinieron en la interpretación recogida en el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

En relación con las solicitudes formuladas por la CIAF, la magistrada ha autorizado el acceso a los informes de autopsia con fines exclusivamente técnicos y bajo estrictas condiciones de confidencialidad. De este modo, el examen deberá realizarse en sede judicial, sin posibilidad de obtener copias o reproducir la documentación y preservando la identidad de las personas afectadas.

Asimismo, ha permitido el acceso al interior de los coches 6, 7 y 8 del tren de Iryo, que permanecen intervenidos judicialmente, para realizar un reportaje fotográfico, aunque la diligencia deberá desarrollarse bajo la supervisión de la UOPJ de Córdoba y adoptando las medidas necesarias para evitar cualquier alteración de posibles vestigios de interés para la investigación.

Respecto a la petición de recuperar el registrador de datos DEUTA del tren Alvia, la jueza ha aplazado la decisión hasta recibir un informe de los peritos judiciales sobre si dicha actuación resulta compatible con las diligencias periciales aún pendientes. Además, ha comunicado a la CIAF que el reportaje fotográfico elaborado por el Equipo Central de Inspección (ECI) todavía no ha sido remitido al juzgado.

La resolución incorpora, además, diversos oficios de la UOPJ relativos a la supervisión de trabajos realizados por Adif en cumplimiento de anteriores resoluciones judiciales, entre ellos actuaciones sobre el sistema de detección del comportamiento dinámico del pantógrafo, el almacenamiento de material en la base de Hornachuelos y trabajos de mantenimiento y adecuación en instalaciones de telecomunicaciones situadas en el entorno del túnel de Loma del Partidor.

Por otra parte, la magistrada ha vuelto a recabar informes periciales sobre la solicitud de Iryo para desprecintar y revisar los coches 1 al 5 antes de su traslado a la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo), con el fin de determinar si esas operaciones podrían afectar a pruebas o vestigios relevantes para la investigación.

Asimismo, la jueza ha acordado incorporar al procedimiento el escrito presentado por Intermodalidad de Levante S.A. (ILSA), en el que solicita la participación de determinados técnicos en la futura diligencia de interpretación de los datos de las unidades registradoras, petición sobre la que resolverá una vez reciba la información solicitada a la UOPJ.

Finalmente, en dicha provindencia, la jueza autorizó practicar este lunes una inspección ocular judicial en el lugar del accidente con la asistencia de los peritos judiciales, el Ministerio Fiscal y la UOPJ de Córdoba para que los especialistas pudieran conocer sobre el terreno las características de la vía, el trazado y el resto de circunstancias relevantes que permitan valorar técnicamente la mecánica y la posible forma de producción del siniestro.