El juez practica diligencias de investigación en la base de Cerro Muriano tras las dos muertes

El juez del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla ha visitado este martes la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Cerro Muriano, en Córdoba, para realizar distintas diligencias de investigación tras la muerte en diciembre del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), durante unas maniobras.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, después de que también han acudido las partes personadas en el procedimiento judicial, de cara a la realización de una prueba pericial sobre la flotabilidad de las mochilas que portaban los efectivos que participaron en la citada maniobra.

Mientras, el jueves están citados por el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla varios testigos y peritos, estos últimos por los informes emitidos respecto a los hechos, y ya el viernes están citados para declarar como investigados ante el tribunal el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán.

Entretanto, la familia del soldado Carlos León Rico ha alertado este lunes de que el capitán investigado en la causa seguiría “parcialmente al mando” y dirigiendo aún maniobras, pese a que le fue retirado el mando de la citada brigada.

El abogado Luis Romero, que representa a la familia, ha celebrado una rueda de prensa para actualizar la información relativa al caso, explicando que varios militares le han comunicado “por videoconferencia” que el capitán Zúñiga, investigado en esta causa, continuaría “parcialmente al mando” y aún “dirigiendo maniobras”, siempre presuntamente, pese a que tras los acontecimientos fue anunciada su retirada del mando de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano.

Según el letrado, la información trasladada por estos militares aludiría a que el citado capitán incluso habría dirigido, supuestamente, ejercicios en los que participaban efectivos que tomaron parte en la maniobra saldada con la muerte del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.

El letrado ha manifestado que de ser cierto, tal extremo sería “una vergüenza”, explicando que la representación de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar ha solicitado ya “comprobar” si el capitán Zúñiga está verdadermante apartado de todo mando, de manera “absoluta”, o si está aún dirigiendo ejercicios, una petición a la que se ha adherido en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico. De este modo, ha avisado de que las autoridades militares deben reaccionar ante estos “rumores”.

Igualmente, Romero ha asegurado que le han sido notificadas “las medidas de seguridad” que reglamentariamente corresponderían a un ejercicio como el de los hechos en cuestión, señalando supuestos incumplimientos como la ausencia de una “instrucción específica” a los efectivos, la falta de “señalización en la orilla opuesta” del lago que habían de cruzar los militares o la presencia de personal especial “de seguridad y rescate”.

También, ha insistido en reclamar que además del capitán, el teniente y el sargento, sean investigados en la causa el resto de la cadena de mando, es decir el general de la Brigada, dos coroneles --tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día--; el teniente coronel, y el comandante.

“Sin medidas de seguridad”

Y es que según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano “sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo” los citados mandos militares “el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”, según el letrado Luis Romero.

“Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso. En esta línea, llama la atención lo manifestado por un soldado, refiriendo que el capitán dijo: 'Me suda la polla, todo el mundo para adentro'”, detalla el relato de esta acusación particular. Al hilo, señala los testimonios que “refieren que algunos soldados tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes” en el ejercicio.

Para el letrado, pesa “la imputación objetiva en el presente supuesto, pues el capitán se hallaba en posición de garante, habiendo podido evitar el fatal resultado de dos muertes mediante la acción que le era exigible y ha omitido, en este caso, asegurarse de disponer de las medidas de seguridad adecuadas; y en caso de que no se tuvieran, haber aplazado la práctica, algo que fue propuesto por muchos de los soldados”.

La representación de la familia del soldado sevillano fallecido añade que el coronel que aprobó la maniobra sabía que la misma no estaba incluida en el Plan de Instrucción Básico de un soldado de infantería; mientras la defensa del capitán precisa de su lado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está “regulado específicamente en ninguno de los casi ”300 manuales“ de un informe del Estado Mayor.

“Las demás figuras referidas forman parte de la cadena de mandos responsables y transmiten las órdenes del coronel, personas que deberían haber supervisado que todo fuera correcto y estuviera legalmente establecido, algo que tampoco se hizo”, agrega además la familia del soldado fallecido; insistiendo en que la supuesta “línea de vida” instalada en el lago “no era tal, sino que simplemente era una cuerda guía, que además parece ser que fue soltada por las personas que se encontraban en la orilla, obedeciendo la orden del capitán”.

Todo, ello, en un marco en el que “no había ningún socorrista ni equipos de salvamento --tales como flotadores salvavidas, etc.-- ni personal para ello al lado del lago supervisando la práctica de la maniobra de vadeo”; así como tampoco había “ambulancia ni personal sanitario o facultativos de emergencia”.

El sobre del capitán

Por su parte, el abogado de la viuda del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar ha solicitado al Tribunal Militar Territorial Segundo la apertura de un sobre que entregó el capitán investigado --en calidad de testigo cuando lo aportó-- en relación a esta causa.

Según ha expuesto el letrado Antonio Granados en un recurso de queja, “el contenido de dicha prueba debe de ser comunicado a las partes de manera inmediata, incluso, suspendiendo el curso de las actuaciones hasta el conocimiento del mismo, por si de su contenido se pudiera conocer si existen otras personas implicadas, o detalles del ejercicio que hasta el momento no se conocen y que pudieran cambiar el rumbo de esta instrucción”.

Así lo remarca el abogado después de que el juez togado militar ya ha expresado hace unos días que será él “quien determinará el momento procesal oportuno en orden, y en su caso, realizar trámite alguno respecto del citado informe, previa valoración de los derechos y garantías de defensa que le asisten, a quien en este momento procesal ostenta la condición de investigado”.

En opinión de Granados, la resolución emitida por el juez togado ante la petición “no se ajusta a derecho, ya que, discrecionalmente --algo que está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico--, decidirá cuándo dar a conocer a las partes --las cuales tenemos derecho a conocer-- una prueba aportada por un testigo que puede influir en la instrucción del procedimiento”, por lo que “esta circunstancia de discrecionalidad está produciendo una manifiesta indefensión en las partes personadas en este asunto”, subraya, entre otros aspectos.