Investigan a una cooperativa en Córdoba por contratar de manera ficticia a 470 personas

El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba investiga desde el año 2020 una macrocausa que afecta a una cooperativa por un presunto “extenso fraude a la Seguridad Social”, según detalla la Fiscalía Provincial de Córdoba en su memoria. El fraude afecta a una cooperativa cordobesa que habría contratado de manera ficticia a un total de 470 trabajadores, que de esa manera tenían acceso al cobro de prestaciones estatales.

La investigación mantiene prácticamente colapsado el Juzgado por el extenso volumen. En total, se han abierto 300 causas, que son bastante parecidas entre sí. El objetivo es garantizar el proceso y buscar conformidades, algo que está retardando la finalización de la instrucción.

De momento, la Fiscalía Provincial ha presentado un solo escrito de acusación con un relato de los hechos (los contratos ficticios para defraudar a la Seguridad Social) con el objetivo de firmar conformidades con los acusados, ya que la gran mayoría así lo han expresado. No obstante, se ha topado con el “criterio divergente” de la Audiencia Provincial.

Los casos y los contratos no son idénticos, por lo que se decidió trocear hasta 300 procesos el número de causas. Así, no se acusa a la cooperativa solamente, sino a cada uno de los trabajadores ficticios que, presuntamente, se habrían beneficiado de los contratos. Por eso, la Fiscalía ha anexado a un único escrito cada uno de los acusatorios contra los 470 trabajadores presuntamente ficticios “individualizando la pena y la prueba propuesta para el juicio oral”, según señala en la memoria la Fiscalía.

Quejas de la Fiscalía para investigar estos delitos

El ministerio público en Córdoba se ha quejado en su memoria anual por “las dificultades que genera el registro de asuntos encargados a la Sección de Delitos Económicos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la Fiscalía no conoce de la existencia del delito económico, hasta que el expediente se nos remite físicamente, momento en el podemos tener acceso a la investigación y estamos en condiciones de realizar el seguimiento”.

Además, lamenta que no pueda ofrecer números estadísticos concretos. No obstante, la Fiscalía refiere un gran aumento en “su actividad investigadora o su presencia en la instrucción seguida en varios juzgados de la provincia para el esclarecimiento de delitos contra la Hacienda Pública, delitos societarios, malversación, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad, blanqueo de capitales, delitos contra la Seguridad Social, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias, organización criminal o situaciones de administración desleal y corrupción entre particulares”.

“Al margen del incremento cuantitativo observado en delitos de esta naturaleza, preocupa a la Fiscalía la nueva delincuencia económica que resulta de la sofisticación de las conductas avivadas por las nuevas tecnologías, que facilitan no solo la comisión de los delitos sino la impunidad de los mismos por la dificultad de poder seguir el rastro a los autores. En particular, se refiere a la comisión de numerosas estafas a través de la red y de las complicaciones habituales en la persecución de esta clase de delitos”, concluye en su escrito anual.