La Fiscalía interpone una querella por la apertura de una pista forestal en un paraje protegido de Sierra Morena

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha emitido un decreto por el que propone interponer una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Posadas por posibles delitos cometidos en la apertura de una pista forestal en un paraje de especial protección ubicado en Sierra Morena, en el término municipal de Hornachuelos.

El Ministerio Fiscal aprecia, tras analizar los informes de las diligencias ordenadas tras recibir denuncia por estos hechos, que la actuación puede conllevar posibles delitos contra la Ordenación del Territorio y contra el Medio Ambiente.

En un decreto fechado el pasado 13 de diciembre -al que ha tenido acceso Cordópolis-, la fiscal da cuenta de las actuaciones realizadas tras recibir el pasado verano la denuncia de Ecologistas en Acción de Córdoba sobre la apertura de una pista forestal presuntamente ilegal en una finca privada -Los Corrales-, ubicada en una paraje de especial protección en plena Sierra Morena. La pista forestal denunciada se encuentra en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar, junto al río Guadalvacarejo, afectando a la vegetación natural, a la fauna silvestre protegida y al paisaje del lugar. Buitres leonados y búhos reales, entre otros, nidifican en zonas rocosas del entorno. Y, además, se denunció la posible obstrucción a la labor inspectora de los agentes de Medio Ambiente y desobediencia al requerimiento legal de paralización de la obra.

La Fiscalía expone los resultados de tres expedientes administrativos por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, que ponen de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo en el pareje protegido, desde 2022 hasta la denuncia del pasado verano por parte de Ecologistas.

“Eliminación total de la cubierta vegetal”

En primer lugar, agentes de Medio Ambiente denunciaron el 15 de marzo de 2023 la realización de una pista forestal de 3,5 metros de ancho por 202 metros de longitud, además de movimientos de tierras para la ejecución de taludes de una balsa de riego agrícola con capacidad de 30.000 m3 en terreno forestal, así como un cambio de uso forestal a agrícola sin autorizar.

“La ejecución del camino supone la eliminación total de la cubierta vegetal ocupada por encina, acebuche, algarrobo, palmito y otro matorral mediterráneo. Al camino se le ha aportado grava y se ha explanado el terreno”, detalla el informe. Mientras, la balsa de riego se encuentra en una parcela hasta ahora dedicada al cultivo de naranjos bajo pies de encinas diseminados. En la excavación de la balsa se ha eliminado también por completo la cubierta vegetal, incluyendo tres encinas. Se han hecho taludes de siete metros de altura y 214 de longitud, utilizando elementos metálicos y cimentación de hormigón, para construir una balsa de unos 30 metros de diámetro y 4,24 metros de altura. Según el Catastro, la superficie donde se ha ejecutado esta actuación está catalogada como terreno forestal de pastos con encinas.

El Ministerio Fiscal aprecia que esta actuación “está directamente relacionada con la siguiente”, una denuncia anterior, de 23 marzo 2022, por “desbroce, decapado y despedregado”. “El desbroce se ha realizado con maquinaria pesada de manera que se han arrancado bastonera y arbustos de especies como algarrobo, lentisco, latierna y palmitos fundamentalmente, y también trituración de monte bajo como olivilla, coscoja, jaras y aulaga”. Asimismo, entonces de colocó un tramo de 1.300 metros lineales de cerca para cuya colocación se han arrancado también especies vegetales de arbustos, así como corte y poda de otros. También se ha realizado un despedregado en la zona de actuación, suponiendo un movimiento de tierras.

“Obras no autorizables” en una Zona de Especial Conservación

Además, se halla plantación de naranjos, rompiendo el horizonte rocoso del suelo, en una superficie afectada de cuatro hectáreas aproximadamente, para lo que se han hecho aterramientos para plantación en terrazas de los cítricos.

Un tercer expediente administrativo consta por la denuncia interpuesta el 12 de junio de 2023 por la apertura de un camino en un espacio natural protegido. Se trata de una “actuación sujeta a Autorización Ambiental Unificada que no se ha solicitado”, consta en el escrito de Fiscalía. El camino abierto mide 350 metros de largo y 6 de ancho. Además, en la apertura del camino se han generado taludes de alturas variables, en una superficie dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar.

“Se ha visto afectado un hábitat de interés comunitario (...) Las obras se localizan a menos de 200 metros de lugar de cría de buitre leonado”, especie inscrita en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su homólogo de Andalucía.

Continuación de las obras pese a las denuncias

La fiscal constata que, en fecha 7 de julio, hubo una nueva inspección por parte de los agentes de Medio Ambiente y “se comprueba que las obras han continuado ladera abajo hasta llegar al arroyo Guadalvacarejo”. Con ello, se han sumado 60 metros más de longitud de la pista abierta, hasta hacer un total de 410 metros de camino en este paraje protegido.

En el informe se describe con detalle la afección a la vegetación de este paraje, tanto matorrales termomediterráneos como galerías de matorrales ribereños al llegar al arroyo en la continuación de la pista.

La Fiscalía ha recabado información del Ayuntamiento de Hornachuelos sobre la calificación del suelo y usos autorizables, constando que se trata de Suelo Rústico Preservado, además de constar como Zona de Especial Conservación Guadiato-Bembézar como recoge también la Junta de Andalucía. También consta que esta actuación se ha hecho fuera de los límites del Parque Natural.

Con todo ello, el decreto de la fiscal recoge en sus fundamentos que de la denuncia parten indicios de delito contra la Ordenación del Territorio y que el informe de Urbanismo del Ayuntamiento de Hornachuelos “explicita que las obras no son autorizables además de estar en suelo no urbanizable”. De este modo, aprecia “conductas constitutivas de un delito contra el Medio Ambiente” y precisa que los hechos son de “gravedad sufiente para integrar un delito ecológico”.

Por todo esto, la Fiscalía acuerda proponer la interposición de una querella por si los hechos analizados fueran efectivamente constitutivos de delito.