Dorado denuncia que el funcionario imputado en el caso Infraestructuras firmó un contrato hace un mes con otra empresa investigada

El concejal no adscrito David Dorado ha registrado un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, que investiga el conocido como segundo caso Infraestructuras, en el que amplía su denuncia original. Dorado, que fue arrestado por la Policía Nacional en el primer caso Infraestructuras, inició esta investigación tras encargar una auditoría sobre el funcionamiento del área de Alumbrado Público en el Ayuntamiento de Córdoba. La Fiscalía apreció indicios de delito en su denuncia y el juez de Instrucción número dos abrió diligencias. El juez ha citado como investigado a un funcionario, el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento, y a ocho empresarios.

Ahora, David Dorado asegura que el pasado mes de marzo el funcionario investigado, que seguiría en su cargo, habría recomendado la firma de un contrato con una de las empresas imputadas en el proceso. El contrato es uno de los más importantes, el suministro eléctrico e iluminación de la Feria de Mayo de Córdoba. En su denuncia, Dorado sostiene que los últimos diez años el contrato había estado en manos de Elecnor y que ahora ha pasado a una Unión Temporal de Empresas constituida “en tiempo récord”, en la que se integra una de las compañías investigadas.

Por ello, el edil, a través de su abogado, ha pedido al juez que incluya este expediente de contratación en las diligencias de investigación, y que instruya para comprobar si también aquí hubiese indicios de delito. En este caso, reclama que sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la que investigue los hechos (la misma unidad que lo arrestó en el primer caso Infraestructuras en el mes de diciembre). Además, solicita que se investigue a “todas las personas antes mencionadas” en su denuncia. En ellas incluye al alcalde, José María Bellido, al concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, al subdirector del área, Sergio Pozas, al funcionario ya investigado y a la UTE adjudicataria del contrato.

En su escrito, presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, el concejal no adscrito alude a que el 5 de septiembre del 2022 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba tomó conocimiento de las diligencias de la Fiscalía sobre el caso del alumbrado público. El 22 de septiembre, en el Pleno, Dorado aporta el acta en el que el alcalde, José María Bellido, asegura que al funcionario investigado se le ha iniciado un expediente disciplinario, pero que será Recursos Humanos quien deberá tomar “las medidas oportunas”.

Tal y como informó este periódico, el expediente sancionador contra este funcionario se dejó en suspenso en noviembre del año pasado. El expediente se inició el 30 de agosto, cuando el jefe de la Asesoría Jurídica trasladó a la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral la investigación iniciada por la Fiscalía para que, en su caso, “si considera que se dan los presupuestos previstos en la ley, se proceda al inicio de expediente disciplinario al funcionario” investigado. No obstante, ya entonces se señalaba que “dicho expediente disciplinario deberá quedar en suspenso por prejudicialidad penal, hasta que se resuelva definitivamente el proceso penal en curso”. Así, el 29 de septiembre, el técnico asesor de recursos humanos acordó incoar expediente disciplinario y propone nombrar instructora del mismo a la funcionaria adjunta Segunda al Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, y al Subdirector General de Turismo.

Antes de noviembre, se inició el pliego técnico para el suministro eléctrico de la Feria. En concreto, la fecha marcada por Dorado es el 6 de octubre. El técnico que envió el pliego a contratación fue el funcionario investigado. El 13 de enero de 2023, se envía a contratación la “memoria justificativa” del expediente, firmada por el concejal de Infraestructuras y también por este funcionario. El 8 de febrero se envió el pliego a la plataforma de Contratación y el 23 de ese mes se abrieron las plicas. Dorado asegura que el 2 de marzo “el técnico imputado” emitió “un informe de valoración de los sobres” en el que “concede la mayor puntuación” a la UTE formada por una de las empresas cuyo administrador “se encuentra también imputado” en la causa por “ser presunto beneficiario de adjudicaciones presuntamente amañadas en el Ayuntamiento de Córdoba, tal y como denuncia la Fiscalía”.

Dorado insiste en que la mesa de contratación asumió el informe de este funcionario y que finalmente se le adjudicó a esta UTE el contrato ese mismo día, “en tiempo récord”. Se le requirió documentación y 14 días después se le concedió el contrato, que es entre 2023 y 2027 y que está valorado en 1,3 millones de euros, impuestos incluidos.