Citan a declarar al delegado de la Junta en Córdoba por supuesta prevaricación en la licencia para festejos taurinos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha llamado a declarar como investigado al delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, por una supuesta prevaricación administrativa en la autorización para festejos taurinos. El pasado mes de mayo, este juzgado admitió a trámite una querella presentada por la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (Asprot) en la que también está incluida un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

Según ha podido conocer este periódico, la demanda también se ha formulado contra el Jefe de Servicio de Espectáculos y Juegos de la Delegación de la Junta en Córdoba, Francisco José Palacios Wizner. Ambos están citados a declarar el próximo miércoles 3 de julio ante Instrucción 3.

La esencia de la demanda viene a exigir, por parte de Asprot, la aplicación del Convenio Nacional Extraestatutario ante el presunto trato de favor de Molina y Palacios a unas determinadas organizaciones taurinas. Así, la asociación ha demandado tanto al delegado como al jefe de servicio de Córdoba, como a sus homólogos en Cádiz, por dar exclusividad de los visados de contratos de trabajo al Convenio Colectivo Nacional Taurino Estatutario y excluir aquellos que se incluyen dentro del Convenio Colectivo Nacional Taurino Extraestatutario, “que cumple plenamente con los requisitos exigidos”, señalan a Cordópolis desde Asprot.

Desde la Junta de Andalucía han apuntado a este medio que “el Reglamento Taurino de Andalucía, en sus distintos artículos, establece quiénes pueden organizar festejos taurinos: entidades locales, ayuntamientos o empresas registradas como tal”. En ese sentido, en palabras del Gobierno andaluz, Asprot “no ha acreditado que sea ninguna de estas figuras”. Además, continúa, “en el caso de las empresas, tienen que presentar una garantía económica de 25.000 euros para responder a obligaciones” y “esta organización tampoco la ha presentado”. “Se le dio un periodo hábil para subsanar documentación y no lo ha hecho”, concluye la Junta.

Estos supuestos tratos habrían favorecido a las organizaciones firmantes del Convenio Estatutario, que son la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Toreros, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Asociación Nacional de Mozos de Espada (ASNAME), “perjudicando al Convenio Nacional Extraestatutario” al que pertenece como adherida Asprot.

En el caso de Cádiz, están llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 gaditano la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo  Roquette, y el Jefe de Servicio de Espectáculos de la delegación, José María Morales Macías. 

Asprot asegura que ésta sería una “más que  presumible trama de la Junta de Andalucía que, rebasando los límites de la  legalidad en su afán de apoyar a las asociaciones firmantes del Convenio Estatutario antes citadas, y a pesar de tener en su poder diferentes resoluciones judiciales que avalan la legalidad tanto de uno como de otro convenio, se extralimitan en su ilícito empeño de dar exclusividad al  Estatutario”.

Por último, también ha sido admitida a trámite otra querella de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes por supuesta falsedad documental contra el jefe de servicio de la Dirección General de Espectáculos en Sevilla, José Antonio Delgado Vázquez. Asimismo, los servicios jurídicos de la Junta han presentado otras demandas por hechos similares contra altos cargos del Gobierno andaluz que están a la espera de resolución.