Arranca en Jaén el juicio contra varios acusados de obligar a mujeres a prostituirse en pisos de Córdoba

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha iniciado este lunes el juicio a 16 supuestos integrantes de una red internacional de prostitución que se encargaba de captar mujeres en Colombia para traerlas “bajo engaño” a España y obligarlas a ejercer la prostitución en pisos repartidos por Jaén y Córdoba.

A las mujeres, según relata el escrito del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, se las recluía en los pisos, “en algunos casos contra su voluntad, uso de la fuerza física e incluso causando lesiones”, con el objetivo de “obligarlas o facilitarles el desarrollo de actividades de prostitución u ofrecimiento de servicios sexuales”.

Al frente de cada inmueble se situaba un controlador o vigilante que se encargaba de coaccionar a las mujeres y de contabilizar los servicios sexuales, además de controlar el tiempo que invertían y recaudar el dinero que pagaban los clientes. De esta forma, “obligaban a las mueres con las que se ha traficado a encontrarse disponibles para tal actividad durante 24 horas al día”.

Fue una de las mujeres víctimas de esta trata la que en su intento de huida se puso en contacto con su familia en Colombia para facilitarles su ubicación. Sus familiares lo denunciaron a la Policía colombiana y esta lo trasladó a la Policía Nacional. A partir de aquí, se puso en marcha un dispositivo policial en marzo de 2020 que culminó con detenciones y la puesta en libertad de varias mujeres víctimas de la prostitución, entre ellas una menor de edad.

Esta red se mantuvo operativa durante el estado de alarma vigente en la pandemia. Pese a las restricciones de movilidad, el negocio siguió en auge e incluso algunas de las mujeres eran obligadas a desplazarse a domicilios privados para ejercer la prostitución.

Los registros se llevaron a cabo en pisos de Córdoba, Jaén capital y Martos (Jaén). En este último municipio jiennense fueron liberadas tres mujeres y se llevaron a cabo cinco detenciones. El hilo de la investigación terminó imputando a 18 personas, aunque dos de ellas no se sentarán en el banquillo ya que una de ellas es un hombre que no ha sido procesado por estar en Colombia y el segundo ha sido excluido de ser juzgado por su estado mental.

A los 16 acusados el Ministerio Fiscal les imputan 20 delitos de trata de seres humanos y uno más de trata de menores en concurso con un delito de prostitución. También les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra la salud pública. Por todos ellos, los procesados se enfrentan a penas que suman 32 años de cárcel para los tres cabecillas de la trama y 23 para el resto de procesados.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les reclama que indemnicen a cada una de las 21 mujeres víctimas de esta red de trata en cantidades que van desde los 20.000 a los 35.000 euros en función del tiempo que “estuvieron sometidas a la red y a la efectiva práctica del comercio sexual”.