El tribunal europeo decidirá en octubre si convierte en fijos a todos los interinos

Funcionarios interinos y temporales de la Administración española han presentado más de 5.000 demandas contra el Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para acabar con la “discriminación” que sufren 800.000 funcionarios, sobre lo que la Justicia europea decidirá en septiembre u octubre si obliga a España a hacerlos fijos después de años en sus puestos de trabajo encadenando contratos temporales, según ha explicado en rueda de prensa el abogado Javier Arauz, quien ha ofrecido datos concretos de esa situación global para poner como ejemplos de la temporalidad que afecta a empleados públicos como los servicios de Urgencias de Madrid (90%), el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) (70%), la Oficina Nacional de Trasplantes (88%) o ayuntamientos como el de Huelva (60%) o Sevilla (70%).

Araúz ha indicado que en la situación de temporalidad continuada se encuentran alrededor de 800.000 funcionarios, en torno al 30% de los trabajadores del sector público, si bien en algunos sectores alcanza el 100% o porcentajes elevados.

Durante una rueda de prensa para explicar la situación actual del contencioso, que puede finalizar con una sentencia que obligue a las administraciones españolas a hacer fijos a cerca de 800.000 trabajadores, el abogado Javier Araúz ha denunciado el “abuso de temporalidad” de las administraciones españolas por el que algunos trabajadores públicos acumulan más de tres años de trabajos continuados y hasta 35 años.

Araúz ha denunciado la situación de abuso de temporalidad que llevan viviendo miles de funcionarios durante años, siendo “discriminados” en sus condiciones de trabajo, con menores retribuciones incluso que los fijos comparables y sin estabilidad, además de no contar con la misma protección social que los fijos en lo que respecta a licencias y excedencias, y poder ser despedidos sin indemnización.

Según el abogado, esto es “incompatible” con la normativa comunitaria, ya que Europa “no quiere empleo precario”, al considerar que la precariedad en el empleo genera también precariedad personal, familiar y social.

“Es inconcebible que el Gobierno exija a las empresas del sector privado que contraten a empleados estables, se controle la falta de estabilidad y haya instaurado los registros horarios y en las administraciones públicas no hacen lo mismo y mantienen un régimen discriminatorio de trabajo”, ha denunciado el abogado, que acumula ya en torno a 5.000 denuncias sobre este asunto.

EL TJUE SE PRONUNCIARÁ EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE

El Tribunal europeo tendrá que pronunciarse en septiembre u octubre sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas en los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud, que suman entre 12 y 18 años de sus puestos encadenando contratos temporales.

Si la sentencia es favorable a estos trabajadores, se podría abrir un gran proceso que obligaría a las administraciones españolas a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos que lo reclaman en los tribunales, ya que las sentencias europeas son vinculantes y priman sobre las normas nacionales.

El abogado general de la UE se pronunciará este jueves sobre estas demandas, indicando el sentido en el que debe sentenciar el tribunal, si bien el pasado 15 de mayo se celebró en Luxemburgo la vista oral del juicio en el que los representantes de la Comisión Europea se pronunciaron a favor de la reclamación de los trabajadores españoles.

Araúz ha indicado que el objetivo es “transformar la relación temporal abusiva en fija”, y no tanto “castigar” a la Administración por incumplir la directiva europea, sino como sí “premiar” al trabajador.

LA “INJUSTICIA” DE LAS OPOSICIONES

Los afectados han denunciado que su “compleja” situación se ha agravado con las ofertas públicas de empleo convocadas para dar estabilidad al empleo público, acordadas el año pasado por el Gobierno con los sindicatos, ya que pueden suponer la marcha de trabajadores que llevan años en el puesto en una cifra aproximada de “uno de cada cuatro” empleados en esta situación.

Entre los reclamantes que han expuesto sus casos durante la rueda de prensa figuran empleados del ámbito sanitario o judicial que llevan hasta 20 años encadenando contratos temporales y han denunciado las condiciones discriminatorias en contratos de guardias hospitalarias, en los que no cuentan con salario base, o situaciones como no poder solicitar excedencias para estudios o cuidado de familiares.

Otras situaciones “inmorales” y “espeluznantes” denunciadas por estos empleados públicos son las dificultades para contar con la tarjeta sanitaria europea o para solicitar y acceder a una hipoteca dada su temporalidad laboral.

Domingo Sánchez, administrador de sistemas informáticos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid desde 1999, en el que más del 80% son temporales interinos vacantes, ha explicado que la situación de sus compañeros es “ideal” para servir de excusa para la privatización. Sánchez es presidente desde 2009 de la Asociación de Profesionales de Informática de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Apiscam) y su causa, tras más de 19 años ocupando puestos interinos, es una sobre las que se pronunciará el TJUE.

María Luisa Díaz, destinada en la Audiencia Nacional y que denuncia los ceses sin derecho a indemnización ni compensación económica y la incertidumbre sobre si vuelven a ser llamados para trabajar, fue cesada durante su embarazo, mientras que Juan García critica que con las nuevas oposiciones deban demostrar “mérito, capacidad e idoneidad” tras años trabajando en el servicio de Urgencias en la Sanidad madrileña, así como Caridad Calero, educadora infantil que vivirá la misma situación tras casi 18 años ocupando puestos de vacantes.