El sistema andaluz contra la “ocupación ilegal” sumó 576 consultas en Córdoba el año pasado

El sistema andaluz de lucha contra la ocupación ilegal y asesoramiento para la protección de la vivienda sumó un total de 9.141 consultas telefónicas o telemáticas entre los años 2021 y 2023, periodo de tiempo durante el que atendió casi medio millar de casos; en concreto, un total de 498. En 2023, Córdoba fue la provincia que registró más consultas, con 576.

Son datos incluidos en una contestación de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a una pregunta escrita registrada por el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez, consultada por Europa Press y fechada el pasado 16 de septiembre.

La pregunta era relativa a las “oficinas antiocupación” de Andalucía, y la consejera de Vivienda la responde desglosando datos sobre la actividad del “sistema andaluz de lucha contra la ocupación ilegal y asesoramiento para la protección de la vivienda”, vinculado a su departamento, registrados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, “última fecha de datos disponibles”, según precisa Rocío Díaz.

De esta manera, en la contestación de la consejera se desglosan datos de consultas telefónicas o telemáticas atendidas por el sistema, así como de visitas y casos atendidos.

Respecto a las consultas telefónicas o telemáticas, de los datos se desprende que el año en el que se contabilizaron más fue el de 2021, con 5.478, seguida de 2022, con 2.761, mientras que en 2023 se registraron 902.

Por provincias

Por provincias, Sevilla fue en los años 2021 y 2022 la que sumó más consultas --2.556 en 2021 y 1.512 en 2022--, seguida de Huelva --con 1.093 en 2021 y 467 en 2022--, mientras que la que menos consultas registró en ambos años fue Granada, con 42 y 20, respectivamente.

En el año 2023, Córdoba destacó como la provincia de la que partieron más consultas --un total de 576--, seguida de Málaga, con 223, mientras que en Sevilla no se contabilizó ninguna, y en Almería sólo una, según las cifras recogidas en esta respuesta.

En lo relativo a las visitas a este sistema contra la ocupación ilegal, de la contestación de la consejera de Vivienda se desprende que 2021 fue también el año con mayores cifras, al sumar un total de 1.002 visitas, casi el doble de las 533 contabilizadas en 2022 y más que las 432 de 2023.

Por provincias, el mayor número de visitas se contabilizó en la de Málaga en los tres años analizados --647 en 2021, 244 en 2022 y 309 en 2023-- mientras que en Almería sólo se contabiliza una visita en este trienio --en el año 2023-- y en Cádiz únicamente once, repartidas entre dos en 2021, tres en 2022 y seis en 2023.

Casos atendidos

Por otro lado, el número de casos atendidos por este sistema ascendió a 232 en el año 2021, mientras que se redujo a 158 en 2022 y a 108 en 2023. La provincia con mayor número de casos atendidos en cada uno de estos tres años fue Málaga, con 70 tanto en 2021 como en 2022, y 73 en 2023, mientras que ni en Cádiz ni en Jaén se contabiliza algún caso atendido en este periodo, y en Almería únicamente uno, en 2021.

Rocío Díaz precisa en su respuesta que este sistema andaluz contra la ocupación ilegal “está presente en las delegaciones territoriales” de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, “en el seno del Servicio de Vivienda, no existiendo ninguna diferenciación a nivel presupuestario ni de recursos humanos dentro de ellas”.

Según se detalla en la página web de dicha consejería, este servicio pone a disposición de la ciudadanía “un sistema de asesoramiento e información personalizado para las personas que son víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda, a la vez que asesora a los sectores de población que corren riesgo de pérdida de su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda”.

De esta manera, el sistema “informa sobre los distintos procedimientos para actuar en caso de ocupación ilegal de vivienda, asesorando sobre las diferentes vías para lograr el desalojo de las mismas”, así como “sobre los derechos y servicios que asisten a las personas con dificultades relacionadas con la vivienda”.

Se atiende “mediante la información y el acompañamiento en el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria y en la relación con la entidad de crédito”, precisa la información publicada en el portal de la Consejería de Fomento.

Igualmente, “se presta un servicio de información y asesoramiento, respecto de los recursos asistenciales y ayudas que pueden recibir, a las personas con dificultades para el acceso a la vivienda por motivos de exclusión social y a las que, por ser objeto de violencia de género, no puedan habitar su vivienda habitual y permanente”.