Cerdos en una granja | PIXABAY

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, instar al Gobierno de la Junta a establecer una moratoria en virtud de la cual se paralice la implantación de nuevas macrogranjas en Andalucía, así como la ampliación de las ya existentes.

Se trataba de una de las reivindicaciones de la proposición no de ley (PNL) que el grupo Unidas Podemos por Andalucía ha defendido este jueves ante el Pleno, y que, en su conjunto, ha sido parcialmente rechazada por la mayoría absoluta de la Cámara, pese a contar con el apoyo del PSOE-A y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

De igual modo, PP-A, Cs y Vox han rechazado que el Parlamento exprese su “apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, que han sido las grandes perjudicadas en las estrategias agrícolas europeas y estatales, apostando con ello de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino, respetuosa con el medio ambiente y que ha demostrado su sostenibilidad”.

En cambio, el Pleno del Parlamento sí ha acordado, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y los diputados no adscritos, la abstención de PP-A y Cs, y pese al voto en contra de Vox, instar a la Junta a que a su vez inste al Gobierno de España a desarrollar “un marco normativo que proteja a los ganaderos frente a las empresas integradoras, verificando de forma continua en las macroexplotaciones que los requisitos legales se siguen cumpliendo y se mantienen las normas de calidad, tanto para los trabajadores como para los animales que allí se producen”.

En defensa de la PNL, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido del “crecimiento exponencial de la ganadería industrial intensiva a gran escala” que en Andalucía “está dificultando la viabilidad, cuando no destruyendo, las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, la ganadería social y familiar”.

“La situación es especialmente grave ya que, a la destrucción de empleo y tejido económico y social tradicional, le sumamos los graves problemas medioambientales que generan esta producción hiperintensiva”, han continuado desde Unidas Podemos, desde donde se sostiene que “las macrogranjas arrasan con todo, maltratan a los animales y provocan despoblación en los municipios afectados por su implantación”.

Defensa de la ganadería extensiva

Frente al modelo del que las macrogranjas son su “baluarte más significativo”, desde Unidas Podemos han reivindicado el de la “ganadería extensiva, social y familiar, que es sostenible ecológicamente, conserva la biodiversidad, mejora el suelo, fija gases de efecto invernadero a través de las praderas, lo que contribuye a mitigar el cambio climático, y en la que el ganado, además, cumple con funciones de protección forestal frente a los incendios”.

“Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad”, mientras que “las macrogranjas intensivas están caracterizadas por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva unos mayores costes ecológicos”, además de “peor calidad del producto y escasísima creación de empleo”, según han insistido desde Unidas Podemos por Andalucía.

La iniciativa defendía que, “para evitar la cronificación definitiva de esta situación hay que apostar por un modelo de producción ganadera prioritariamente extensivo y ligado al territorio, que vele por el mantenimiento del medio de vida de las y los ganaderos priorizando el desarrollo rural y la fijación de población, y al mismo tiempo, desarrollar una regulación del sector ganadero que establezca, por una parte, un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo, y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones de cambio climático”.

Finalmente, Unidas Podemos han subrayado que “el establecimiento de una moratoria para la instalación y ampliación de las macrogranjas andaluzas no es una solución nueva, sino que ya ha sido incorporada en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra”.

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