Piden que no se legalice y se reforeste el desbroce hecho sin autorización en un arroyo de Córdoba

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba y la asociación ecologista La Parrilla del municipio de La Carlota han solicitado que no se legalice la actuación de desbroce y reposición de un talud ejecutada en su día sin autorización a lo largo de 500 metros del arroyo La Marota, en la Campiña cordobesa, y que, además, se reforeste y reponga la vegetación en la zona, al considerar que se trata de un espacio del Dominio Público Hidráulico.

La actuación tuvo lugar el pasado otoño de 2024, aunque este tipo de acciones requiere de autorización previa del organismo de cuenca, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Sin embargo, la empresa solicitante, propietaria de cultivos de olivar hiperintensivos junto al arroyo la Marota, argumentaba la “urgencia” de realizar las actuaciones. Se ofrecía en octubre a “limpiar el cauce” y explicaba en un escrito en noviembre dirigido a la Confederación que las lluvias habían arrastrado parte del talud de su finca, por el que transita la maquinaria de recolección del olivar. Ante ello, procedió “con carácter de urgencia y para salvaguardar la seguridad del personal que tendrá que transitar por ese tramo, a rehacer el talud de parte del arroyo”.

Sin embargo, las dos organizaciones ambientalistas denunciantes consideran que el objetivo real de la empresa con dicha actuación había sido ganar terreno al Dominio Público Hidráulico y, por ello, denunciaron los hechos ante la Fiscalía, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

No ha sido hasta el 20 de enero de 2025 cuando el Boletín Oficial del estado (BOE) ha publicado el anuncio de la Confederación por el que se somete a información pública la “solicitud de autorización/legalización” para las obras de estabilización de talud del margen derecho del Arroyo de la Marota, ejecutado por Alrualar S.L.U. Y, con ello, cuando se ha abierto el periodo de alegaciones, que han aprovechado las organizaciones ecologistas citadas para reclamar que no se otorgue dicha autorización y se recupere la vegetación perdida.

Destrucción de vegetación autóctona y erosión

En dichas alegaciones -a las que ha tenido acceso este periódico-, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba y la asociación ecologista La Parrilla solicitan “la no legalización de dicha actuación privada sobre un cauce público, donde no sólo se ha destruido la vegetación autóctona sino que también se han realizado movimientos de tierras con maquinaria, remodelando taludes sin ningún criterio técnico”.

Sobre ello, abundan que “estas actuaciones aparte de suponer una pérdida de biodiversidad y un atentado ecológico, vendrían a potenciar aún más la erosión y desequilibrio de la dinámica del cauce, siendo incluso contraproducente con los intereses justificados por el propietario”.

Igualmente, también han pedido “la reposición de la vegetación autóctona eliminada mediante una reforestación seria y estudiada que sea controlada por las administraciones públicas competentes, aparte de las sanciones que sean oportunas por dichas actuaciones ilegales”.

Y, junto a ello, solicitan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que, a iniciativa propia, elabore la delimitación cartográfica del dominio público hidráulico del citado cauce e incoe el procedimiento de apeo y deslinde del arroyo de la Marota, en el término municipal de Córdoba.

En la exposición de motivos de las alegaciones presentadas, las organizaciones ecologistas señalan que “la posibilidad de que se esté ocupando dominio público hidráulico es muy posible, pues no está clara cuál es la zona mínima y máxima de inundación, ni cual es la anchura real de la ribera; todo esto queda a interpretación de técnicos (hidrólogos y ecólogos) que estudien en profundidad la situación. Lo que sí está claro es que se ha producido la destrucción intencionada de la vegetación autóctona del cauce”.

Las entidades ambientalistas que han presentado estas alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consideran “lamentable la ausencia de control y gestión de este tipo de cultivos por parte de las administraciones públicas, y, gravísimo, en la falta de control en el Dominio Público Hidráulico, en concreto en la zona de policía”, que obliga a la protección de un espacio de cien metros en ambos márgenes a lo largo de un cauce.