Ocho construcciones ilegales en Córdoba acabaron en 'autodemoliciones' en cinco años

Ocho construcciones levantadas ilegalmente en la provincia de Córdoba acabaron con una 'autodemolición' tras expedientes abiertos por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Estas demoliciones realizadas por la propiedad de las construcciones se contabilizaron en cinco años, entre 2019 y 2023, según los datos aportados por la consejera del ramo, Rocío Díaz.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ofrece esta información en respuestas escritas a preguntas registradas por diputados del grupo Vox en el Parlamento andaluz, consultadas por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial de la Cámara autonómica. En total, hubo casi 80 'autodemoliciones' en ese periodo en Andalucía.

Entre los años 2019 y 2023 suman un total de 78. Por provincias, destacan las 37 anotadas en Cádiz --donde, además, se contabilizan en dicho periodo de tiempo dos demoliciones--; once en Sevilla --a las que hay que añadir dos demoliciones--; ocho en Córdoba, siete en Jaén, seis en Almería --provincia donde se contabiliza asimismo una demolición--, cinco en Granada --a las que se suma una demolición--, y cuatro en Huelva.

Expedientes por construcciones ilegales

El número de actuaciones “objeto de expediente por edificaciones, construcciones e instalaciones ilegales se ha multiplicado por doce” en Andalucía entre los años 2018 y 2023, según la Junta de Andalucía, que constata así un “exponencial aumento del número de expedientes tramitados” en este sentido en dicho periodo de tiempo, desde que Juanma Moreno fue investido por primera vez como presidente, en enero de 2019.

Díaz presume en sus respuestas a Vox de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Juanma Moreno “desde 2019 para reforzar la Inspección autonómica se han plasmado en un exponencial aumento del número de expedientes tramitados”. “En concreto, el número de actuaciones objeto de expediente por edificaciones, construcciones e instalaciones ilegales se ha multiplicado por doce”, destaca la consejera que, así, concreta que, frente a los 38 objetos de expediente de protección de la legalidad en el año 2018, se alcanzó “la cifra de 462 objetos en 2022 y 450 en 2023”, con datos “referidos al conjunto de Andalucía”.

Ahora bien, la titular andaluza de Vivienda puntualiza que “ello no implica que la demolición de dichas edificaciones, construcciones e instalaciones ilegales pueda llevarse a cabo de forma inmediata”, y al respecto aclara que “la orden de demolición es consecuencia de una previa labor de investigación y de la tramitación de un expediente de restablecimiento de la legalidad territorial o urbanística cuya instrucción, dependiendo de su complejidad, puede durar hasta un año”.

Dicho procedimiento, además, “acaba con una orden de demolición que suele ser recurrida por los propietarios en vía administrativa y contencioso administrativa, dando lugar a una gran litigiosidad”, continúa explicando la consejera Rocío Díaz en su respuesta a diputados de Vox, a quienes indica también que, “con carácter general, los tribunales suelen ordenar a la Administración la suspensión cautelar de la demolición hasta que la orden sea confirmada en la correspondiente sentencia”.

“Por tanto, con carácter general transcurren unos años desde el inicio de los procedimientos hasta su terminación con la ratificación judicial de la orden de demolición”, y, “mientras tanto, las edificaciones y parcelas ilegales se mantienen precintadas para evitar la continuación de las obras”, abunda la consejera, quien también advierte de que “la demolición de las actuaciones ilegales por parte de la Administración tiene lugar, además, solo en caso de incumplimiento voluntario por parte del obligado”.

Con “carácter previo a la ejecución subsidiaria de la orden de demolición”, la Administración “puede imponer, como medio de ejecución forzosa, hasta doce multas coercitivas, optando por la ejecución subsidiaria como último recurso”.

Aumento “sin precedentes” de las multas “coercitivas”

La consejera de Vivienda defiende igualmente que “desde el año 2019 hasta la fecha se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la ejecución de todas las órdenes de demolición que han ganado firmeza”, y “dicho esfuerzo se traduce en un aumento sin precedentes del número de multas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las órdenes de demolición y suspensión de obras --pasando de una multa coercitiva en el año 2018 a 93 en 2023--, en el aumento del número de 'autodemoliciones' voluntarias por los interesados y en el número de demoliciones ejecutadas subsidiariamente por la Administración autonómica ante la falta de cumplimiento voluntario de la orden de demolición”.

“Teniendo en cuenta el gradual aumento en el número de expedientes iniciados desde 2019, se espera que el número de demoliciones crezca exponencialmente a medida que se confirman los procedimientos por la autoridad judicial”, finaliza la consejera su respuesta.