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Hasta siete entidades y partidos políticos piden personarse en la causa del accidente de Adamuz

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, junto al presisdente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja

Alejandra Luque

Montoro —

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La instrucción judicial por el trágico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz ya suma siete solicitudes de personación de entidades y partidos políticos, además de entre diez denuncias de particulares. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este jueves en el juzgado de Montoro que se espera un “goteo permanente” de nuevas acciones legales, por lo que el juzgado trabajará en la “unificación de esas personaciones” para garantizar que el procedimiento sea manejable y no se convierta en “una locura”.

Dada la “gran complejidad y magnitud” de la causa, Del Río -que ha estado acompañado del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja- ha detallado un ambicioso plan de refuerzo para este juzgado. A partir del próximo 9 de febrero, se incorporarán dos nuevas juezas titulares, una de las cuales asumirá la plaza del Juzgado de Instrucción número 2, que tiene turnado el procedimiento. El objetivo es constituir un “tribunal colegiado de instancia”, una fórmula que “permite que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose”.

Además, el presidente ha confirmado que ya se han incorporado dos funcionarios de auxilio procesal y que se solicitará formalmente al Ministerio un juez de refuerzo específico y un Letrado de la Administración de Justicia adicional. Este despliegue técnico busca que el personal pueda “dedicarse exclusivamente a la instrucción de la causa”, permitiendo que el juzgado siga atendiendo su carga ordinaria, que incluye materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Al respecto, Del Río ha admitido que el ánimo de los funcionarios es de compromiso, pese a la lógica preocupación por la sobrecarga: “Ya lo que nos faltaba”, llegaron a comentar algunos trabajadores ante el volumen de trabajo que ya soportaban.

Tribunal de Instancia de Montoro

Del Río ha subrayado que, aunque las juezas titulares se incorporan ahora, “cuentan con una experiencia dilatada, habiendo trabajado ya nueve meses en juzgados complejos, además de varios años de prácticas previas”. Además, según ha explicado, son “personas comprometidas, serias y responsables” que “trabajarán duro” ante la magnitud del caso.

Identificación de víctimas y ofrecimiento de acciones

Por otro lado, Del Río ha informado de que la fase de identificación está prácticamente cerrada con un resultado que ha calificado de “correcto” dentro del dolor de la tragedia. Hasta el momento, se ha identificado a 43 personas fallecidas, habiéndose entregado ya 40 licencias de enterramiento. Únicamente restan tres personas extranjeras pendientes de trámites con las funerarias internacionales originarias de Marruecos, Alemania y Rusia.

Superada esta fase, el juzgado procederá ahora a abrir “piezas separadas por cada persona” -tanto fallecidos como heridos- para realizar el preceptivo “ofrecimiento de acciones”. Este trámite legal consiste en “hacerle saber que el procedimiento está ahí y si necesitan y quieren personarse a efectos de las reclamaciones y responsabilidades”.

Lorenzo del Río y Miguel Ángel Pareja en los juzgados de Montoro

Respecto a las causas del siniestro, el presidente ha subrayado la importancia de la “cadena de custodia” de todos los vestigios recogidos por la Guardia Civil en las vías y los vagones, asegurando que todo se hace bajo “control, conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial”.

Aunque ha reconocido que habrá una gran batalla de “pruebas periciales” debido a los “muchos intereses en juego” y las diversas compañías involucradas, Del Río se ha mostrado “absolutamente confiado” en que la instrucción no se prolongará durante ocho o nueve años, como ocurrió en el caso Angrois. “No debemos perder el sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia en la justicia”, concluyó el magistrado, reafirmando su compromiso de que el proceso avance en un “tiempo razonable”.

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