La “libertad de elección” que no llega a uno de los centros públicos de más prestigio de Córdoba

En pleno proceso de escolarización en Córdoba, decenas de familias se enfrentan a una situación que cuestiona uno de los lemas más repetidos por la administración educativa: la libertad de elección de centro. Esta semana, la denuncia la ha hecho la comunidad educativa del CEIP López Diéguez, uno de los colegios públicos con mayor reconocimiento de la ciudad, y para el que la Junta se niega por el momento a abrir una segunda línea en Eduación Infantil, pese a que el número de solicitudes excede a la oferta inicial.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones entre demanda real, planificación educativa y modelo de escuela pública en una ciudad como Córdoba, en la que en algunas etapas, la oferta de concertada y privada supera a la de colegios de titularidad autonómica, pero que cuenta con algunos de los colegios públicos más prestigiosos de España.

Uno de ellos es el CEIP López Diéguez. Fundado en 1898, no es solo el colegio público más antiguo de Córdoba; es también uno de los más valorados en la actualidad. Aunque ha vivido épocas con mayor alumnado (de hecho, tiene las instalaciones de sobra para aumentar las líneas), ha sido en la última década en la que su proyecto educativo —centrado en la sostenibilidad, la vida de barrio y la participación activa de las familias— lo ha convertido en un referente.

Cocina propia con productos ecológicos, huerto escolar, caminos seguros o una AFA (Asociación de Familias) especialmente implicada son algunos de sus pilares, que además se han visto amplificados por la iniciativa de pactar con las familias el retraso en el uso de smartphones, un proyecto al que se han adherido dos docenas de centros de la ciudad, y que les ha granjeado ser portada de medios de comunicación de toda España.

Ese prestigio se traduce en cifras: es habitual que reciba más solicitudes que plazas disponibles, y este año ha recibido 29 requerimientos frente a las 22 plazas que oferta en su única línea de Educación Infantil para tres años. Sin embargo, pese a la demanda creciente, la administración no ha autorizado la apertura de una segunda línea, lo que deja fuera a siete familias.

Vivir al lado no garantiza plaza

Una de ellas es la de Ángela, que resume con frustración su situación: vive a apenas unos minutos del centro, pero en un distrito escolar distinto, así que no tiene puntos suficientes para acceder. “En la práctica, no hay libertad de elección”, afirma rotunda. El motivo, explica, está en una distribución de zonas que considera “absurda”, ya que la vincula a colegios situados más lejos de su vivienda que el centro que ella desea para su hijo.

Su caso refleja una paradoja frecuente: familias que, pese a que la oferta pública es cada vez más menguante, siguen apostando férreamente por ella y que, por cuestiones administrativas, no pueden acceder al colegio público más cercano ni al que mejor encaja con su rutina laboral y personal. “Trabajo en el centro, mi vida está aquí, y sin embargo me mandan hacia otra zona que no tiene sentido para nosotros”, señala.

Pero su preocupación va más allá de la logística. Para ella, elegir colegio también implica construir comunidad: “Si no va a un cole cercano, no va a tener red con sus compañeros fuera del aula. Eso también es educación”. Añade, además, que ella viene de una guardería pública, San Rafael, algo que tampoco se valora.

Necesidades específicas, incertidumbre añadida

Para Íkaro, padre de otra de las familias que podría quedarse fuera de la que es la primera opción para su hija, la situación tiene un componente aún más delicado. La pequeña tiene una condición neurológica y habían elegido el López Diéguez, entre otras razones, porque ya existe en el centro un caso similar. “Eso nos daba tranquilidad”, explica, consciente de que, paradójicamente, esa condición aumenta sus opciones de escolarizar a su hija en donde quieren.

Aunque, a estas alturas, no es seguro y, con la posibilidad de quedarse fuera, la incertidumbre es total. “No tenemos plan B claro”, reconoce. Aunque barajan otros centros públicos, muchos presentan problemas derivados de la baja demanda: aulas mixtas, pocos alumnos o incluso riesgo de desaparición de líneas. “Quieres que tu hija esté en un entorno adecuado, con niños de su edad, con estabilidad. Y las alternativas que nos ofrecen no siempre lo garantizan”, lamenta.

El contraste entre colegios públicos es otro de los puntos clave. Mientras el López Diéguez acumula solicitudes, otros centros cercanos como Caballeros de Santiago o San Lorenzo han ido perdiendo líneas en los últimos años, lo que hace que, en Educación Infantil, se unifiquen a niños de tres años con otros de cuatro. La diferencia de edad se nota mucho en etapas tan tempranas, y eso es algo que aleja a muchas familias de este modelo.

Lo cuenta Pablo, otro de los padres afectados, que describe lo que ocurre en el centro con estos colegios casi como un círculo vicioso: “Cuando un colegio pierde alumnos, le quitan recursos; y al quitarle recursos, pierde más alumnos, todo el sistema se tambalea”. Esto acaba debilitando progresivamente a determinados centros públicos, que dejan de ser atractivos y, al contrario que ocurre con la concertada, en ellos no se abren líneas si no hay un número altísimo de solicitudes.

Eso, de hecho, es lo que más le cabrea de la situación actual. Que tampoco se premie a los que lo hacen bien. “Hay colegios que están creciendo, como el López Diéguez, que tienen aulas vacías y demanda suficiente para abrir otra línea. No hacerlo es desaprovechar una oportunidad”.

¿Libertad de elección o sistema limitado?

Las tres familias coinciden en una idea: la libertad de elección es más teórica que real en la escuela pública. Mientras que en la concertada o privada existe una mayor variedad de proyectos, en la pública el margen está condicionado por zonas, baremos y disponibilidad de plazas. “Te dicen que puedes elegir, pero si no entras en el colegio que quieres, te asignan otro sin tener en cuenta el proyecto educativo”, resume Pablo. El caso del López Diéguez no es aislado, sino que refleja un debate más amplio sobre el modelo educativo: cómo se distribuyen los recursos, qué papel juega la escuela pública y hasta qué punto se responde a la demanda social.

Las familias afectadas, por ahora, mantienen la esperanza de que la administración reconsidere su decisión y autorice una nueva línea. Y parece que, al menos, algo se ha movido desde que realizaron la denuncia. Este viernes, hubo una reunión entre la Delegación de Educación y la AFA. “Ha acabado sin grandes avances, nos han dicho que van a estudiarlo”, señalan a este periódico desde la comunidad educativa del López Diéguez, que recuerdan que el propio delegado de Educación de la Junta, Diego Copé, trasladó en una reunión que “en cualquier centro que tuviese más de 22 solicitudes en 3 años, se abriría una nueva línea”.

“A pesar de esta promesa, parece que en nuestro caso no lo ven tan claro. Tampoco nos dicen cuánto tiempo van a tardar en estudiarlo, ni nos hablan de plazos, así que la incertidumbre de las familias es total”, lamentan desde el López Diéguez.