Las amenazas a Carlos González y su control en el Córdoba CF marcan la quinta sesión de su juicio
La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este jueves la quinta sesión del juicio a Carlos González, una jornada de testigos de perfiles dispares de la que ha salido la explicación de la defensa a uno de los gastos cuestionados en sesiones anteriores: el servicio prestado en el chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, que la contable del club y el responsable de la empresa Unicontrol ya situaron en jornadas previas.
Emilio Rodríguez, director de seguridad del club durante la etapa de González y hoy jefe de seguridad corporativa de LaLiga, ha enmarcado ese servicio en el contexto de las amenazas que, según ha relatado, sufría el entonces presidente. Ha descrito un clima de máxima tensión en la temporada 2016-17, con González “amenazado en redes sociales y amenazado físicamente y personalmente” hacia él y su familia por los resultados deportivos y la relación con la afición, y ha asegurado que su equipo detectó amenazas de muerte y que el dirigente sufrió cuatro intentos de agresión en su presencia.
Por esa razón, ha explicado, el club reforzó su protección: un vehículo para los desplazamientos, acceso autorizado hasta la misma puerta del estadio y, en su domicilio madrileño, un sistema de videovigilancia, antiintrusión y personal auxiliar en la garita de entrada. Preguntado por si es habitual que un club asuma la seguridad de un directivo amenazado por el ejercicio de su cargo, ha respondido que sí y que lo consultó con responsables de otros clubes. Sobre las facturas de ese servicio, las mismas que el responsable de Unicontrol declaró no haber cobrado, ha precisado que se abonaron “hasta que estuve yo” y que los últimos pagos quedaron pendientes cuando González ya había dejado el club, en febrero de 2018.
Carlos González, “la pieza final” en las decisiones
La jornada ha vuelto a incidir, a través de varios testigos, en el papel central de González incluso después de ceder la presidencia a su hijo Alejandro en diciembre de 2016. Ignacio Luque, periodista de Diario Córdoba que cubría la actualidad del club en aquellos años, ha asegurado que “en el club no se movía un papel” sin el conocimiento de González y que, para la afición, “quien fichaba era Carlos González”. También ha situado a Salvador Sánchez -otro de los acusados- como un representante de futbolistas de la confianza de González que ejercía, sin nombramiento formal, de secretario técnico.
En la misma línea se ha pronunciado Miguel Linares, secretario técnico del filial en la 2016-17, que ha sostenido que “prácticamente no se podía hacer ninguna operación sin su autorización” y que “todo pasaba por él como último filtro”. Sobre el reparto de papeles en 2017, lo ha resumido así: “Con Carlos González como pieza final en cualquier decisión y con Alejandro González como comentario de cualquier intención deportiva”. Linares ha atribuido además a González la elección de Luis Carrión y Jorge Romero: “Fueron entrenadores con el sello de Carlos”. El testimonio de Linares, además, ha servido a la defensa para combatir la acusación de simulación de servicios. A preguntas de los letrados sobre si las labores de González eran tangibles o ficticias, el exsecretario técnico ha sido tajante: “Tangible totalmente. Sin su autorización no se podía hacer nada. (...) La firma de cualquier documento necesitaba la suya”.
La estructura administrativa, desde Madrid
La sesión se había abierto con dos testimonios sobre la gestión de los primeros años. El economista Luis Yáñez, contratado a finales de 2011 para elaborar el plan de viabilidad y negociar con los acreedores de un club entonces en concurso, ha confirmado que parte de las reuniones se celebraron en la sede de Ecco Documática, la empresa de González en Madrid, aunque la mayoría tuvieron lugar en El Arcángel. La administrativa Clotilde Jurado ha ratificado que la gestión laboral y de nóminas del club pasó a llevarse desde Madrid por personal de esa sociedad, si bien ha dicho desconocer los detalles contables y ha asegurado que nunca recibió instrucciones para ocultar o simular gastos.
A este bloque inicial se sumó el exresponsable de la marca Nike en España, César Ros, quien confirmó haber mantenido múltiples reuniones tanto con Javier Jiménez como con Carlos González en Córdoba para gestionar la uniformidad del equipo.
Una vez concluida esta sesión, el juicio continuará el próximo lunes con nuevas testificales.
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