Minoritarios y el chalet de La Moraleja centran la tercera sesión del juicio a Carlos González

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes la tercera sesión del juicio a Carlos González, de nuevo dedicada a las declaraciones de los testigos. Entre ellos ha comparecido José María Córdoba, presidente de la asociación de accionistas minoritarios del Córdoba CF, un colectivo que la Fiscalía señaló en la primera sesión como uno de los posibles perjudicados por la gestión que se juzga. Su declaración guarda relación directa con uno de los asuntos en disputa: la responsabilidad civil.

González, propietario y máximo accionista del club entre 2011 y 2018, se enfrenta a una petición fiscal de cerca de nueve años de prisión por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción en los negocios. En la primera sesión, las defensas discutieron la legitimación de la Fiscalía para reclamar una responsabilidad civil en nombre de un club que renunció a ejercerla, y el Ministerio Público respondió que seguía habiendo perjudicados, entre ellos los accionistas minoritarios. Este martes ha declarado, precisamente, el representante de ese colectivo.

José María Córdoba, que preside la asociación de accionistas minoritarios del Córdoba CF, ha declarado que solo recibió “el papel” del ofrecimiento para personarse y reclamar en la causa y que no está al tanto de ese trámite. Ante la Fiscalía ha trasladado sobre todo un malestar general con la etapa de González, de quien ha dicho que, a su llegada, “nos anularon”, y que ponía “abogados delante” a los pequeños accionistas para dificultarles la entrada en las juntas. Ha asegurado que la asociación llegó a reunir a unos 400 socios que pusieron sus acciones ante notario y ha resumido así su sensación: “Perjudicados lógicamente estamos. Nos hemos quedado sin el Córdoba, que está ahora en Andaluza con González. Hay otro al que le dicen Córdoba y resulta que es Unión Futbolística Cordobesa. No rezamos en ese club cuando lógicamente dimos los dineros para estar ahí”.

Buena parte de lo que la defensa le preguntó, sin embargo, escapaba a su conocimiento directo, ya que los minoritarios no participaban en las decisiones por las que se le interrogaba. Así, ha dicho no recordar cuándo se repartieron los dividendos de 2016 y ha precisado que no estuvieron presentes cuando se aprobaron. Sobre si la asociación llegó a ser vocal del consejo de administración, como ha sostenido la defensa, ha respondido “yo no vi nada”, y ha remitido al abogado que los representaba las preguntas sobre si impugnaron las cuentas. Sí ha confirmado dos extremos: que aprobaron las cuentas anuales “con un abogado” y que a los minoritarios se les reintegró el dividendo que les correspondía. Preguntado por los resultados deportivos de aquella etapa, ha reconocido además que González “ha hecho cosas que son buenas”, aunque “siempre ha chocado con los abonados y los accionistas”.

El servicio en el chalet de La Moraleja

La sesión se ha detenido también en uno de los asuntos sobre los que preguntó la Fiscalía: el servicio prestado en el chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, ya mencionado el día anterior por la contable del club. Miguel Ángel Sola, responsable de la empresa Unicontrol, ha explicado que el jefe de seguridad del Córdoba, Emilio Rodríguez, le propuso a finales de 2017 prestar un servicio de portería en la vivienda del entonces propietario. Según ha precisado, consistía en labores de conserjería -controlar quién entraba y salía- y no de vigilancia, y arrancó el 1 de diciembre de 2017.

Sola ha declarado que emitió tres facturas, por unos 9.000 euros, que nunca se abonaron: tras el cambio de propiedad, en enero de 2018, el club rechazó pagarlas. “Desde el minuto uno me dijeron que se prestase ese servicio”, ha relatado, antes de explicar que finalizó la prestación al ver que las facturas no se cobraban. El testigo ha situado además a otra empresa, ELA, prestando ese mismo servicio de portería en el chalet, contratada por el club, hasta noviembre de 2017.

Una extrabajadora niega que hubiera simulación

La jornada se había abierto con la declaración de Carmen Sánchez, una de las dos trabajadoras de Ecco Documática -la empresa de González en Madrid- que el club subrogó en septiembre de 2013 y despidió, de forma improcedente, en mayo de 2014. El interrogatorio de la Fiscalía se dirigió a un punto concreto: que el Córdoba asumió la indemnización y la antigüedad de una trabajadora procedente de la empresa de González, una antigüedad que se remontaba a 1999. Sánchez ha confirmado que el club le abonó esa indemnización respetando esos años y que el despido se produjo porque no podía trasladarse a Córdoba. A preguntas de la defensa, ha negado que la operación encubriera una simulación y ha sostenido que su salida de la empresa fue real y su indemnización, ajustada a la ley.

Estaba previsto que este martes declarara también María del Mar Muñoz, expresidenta de la Fundación Córdoba CF y esposa de Carlos González, pero la Fiscalía renunció a su testimonio. El juicio continúa esta semana con nuevas testificales.