Indemnizan con más de 8.500 euros a un guardia civil agredido en Puente Genil

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba plantearon una solicitud por la vía de resarcimiento para un guardia civil que resultó herido durante una actuación en Puente Genil, al haber sido declarado insolvente el condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba. 

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, cuando el acusado amenazó a varios guardias civiles diciéndoles “voy a acabar con todos vosotros y con todos los de la Guardia Civil”, y empujó a uno de ellos haciendo que se golpeara con la pared, causándole diversas lesiones por las que el agente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Ahora el Ministerio del Interior, tras informe favorable de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente, destinado en el Puesto Principal de Puente Genil, a ser resarcido por la Administración, abonándole los 8.566 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños causados.

El abogado Álvaro Moreno, que asistió al guardia civil agredido, ha valorado la resolución administrativa y ha declarado que “Interior no podía sino estimar la pretensión planteada, porque a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio, teniendo en cuenta que nuestro representado sufrió por causa de su actuación pública unos daños, correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas. De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado reiteradamente en ese mismo sentido”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable provincial de los servicios jurídicos, ha recordado que “según las estadísticas oficiales, Córdoba es la provincia andaluza que registró más agresiones a guardias civiles entre 2020 y 2024, período durante el que se dispararon un 78% esos casos, y para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles deben agravarse las penas para esos delitos, incrementar la protección jurídica de los guardias civiles, dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, pero sobre todo reconocerles como profesión de riesgo”.