Grupos ultracatólicos retoman los polémicos “rezos” ante clínicas abortivas para impedir a las mujeres que ejerzan su derecho

Ya lo dijeron en 2022 y, tres años después, se seguirán produciendo en Córdoba los “rezos” de grupos ultracatólicos, autodenominados provida, a las puertas de la única clínica que realiza abortos en la provincia cordobesa, Gynetrisur. Según ha podido conocer este periódico, los voluntarios ya se están organizando para iniciar la campaña 40 días por la vida, que comenzará el próximo 5 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, y finalizará el 13 de abril.

Amparados en la libertad de expresión y en que los participantes “solo rezan” -tal y como aseguran-, como en anteriores ocasiones, para el próximo mes de marzo se están organizando en turnos, de 9:00 a 20:00, para que no haya ni una sola franja horaria sin cubrir. Hasta el año pasado, los “rezos” se realizaban hasta las 21:00-. Además, los grupos siempre son de menos de 19 personas para evitar solicitar un permiso a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Sin embargo, esta reforma no impide que grupos ultracatólicos se sigan concentrando ante esta clínica de Córdoba, y por toda España, para llevar a cabo estas acciones para “proteger al no nacido”.

Es decir, para que las mujeres que allí acudan no ejerzan su derecho al aborto. Por tanto, rezar a las puertas de las clínicas abortivas no es delito, siempre y cuando las personas que secundan esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios.

Tras esta reforma, quienes están detrás de esta campaña nacional facilitaron a sus voluntarios una “declaración de paz” para evitar que sus acciones puedan catalogarse como acoso. Además, para la presente campaña -que se llevará a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Burgos, Bilbao o Málaga-, sus promotores han difundido un protocolo de actuación en el que se pide que los participantes de cada turno se conozcan previamente y eviten cualquier tipo de conversación con otro tipo de personas.

Asimismo, el protocolo establece que, en caso de agresión verbal, los participantes no deben “responder y seguir rezando”, además de llamar a la Policía o grabar si se produce una agresión física. En Córdoba, en anteriores campañas se han producido altercados menores por quienes las rechazan por lo que, sabedores de esto, los promotores defienden que lo que hacen es “rezar y no acosar”, y que “la opinión subjetiva y particular de los viandantes o de las personas que trabajan en el abortorio no decide quién comete o no delitos”.

De hecho, tras la reforma de la ley, estos grupos provida manifestaron que “con las prácticas habituales” que realizan “es casi imposible” demostrar que cometen acoso “por la falta de interacción de los orantes”.  Por tanto, los organizadores no reconocen que, aunque no interactúen con las mujeres que acuden a estas clínicas -según ellos-, sus actuaciones suponen acoso. “La recomendación de nuestros abogados es la de seguir con nuestro comportamiento habitual. Esta ley no va con nosotros”, aseguraron. Quienes participan en esta campaña defienden a capa y espada que no acosan a nadie y que tan solo ofrecen información a quienes se interesan.