Familiares de víctimas del franquismo denuncian “la desidia administrativa que eterniza” la reparación de su memoria

Un familiar de represaliados se hace las pruebas de ADN en Córdoba en 2019.

La asociación de familiares de víctimas represaliadas por el franquismo en Córdoba, Dejadnos Llorar, ha acusado de “desidia” a las administraciones competentes en llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas e identificación de los restos de las víctimas, después de haberse conocido que el convenio para la identificación genética de estas en Andalucía caducó hace tres meses.

La esperanza en el ADN: decenas de personas se toman muestras en busca de sus familiares represaliados

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“No podemos menos que lamentar que no se haya renovado el convenio sobre las muestras de ADN, que es uno de los aspectos más importantes para las familias, para las víctimas, para su identificación y para resolver este problema de las fosas comunes y de los desaparecidos de una vez por todas”, señalan a Cordópolis desde Dejadnos Llorar. Miembros de esta asociación comenzaron a tomarse muestras de ADN en 2019 en Córdoba, para que fueran cotejadas con las de los restos de las fosas cuando se exhumen.

Este lunes, eldiario.es/andalucia avanzaba que el convenio suscrito en 2018 entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada (UGR) para llevar a cabo las pruebas de ADN que puedan identificar a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y a sus familiares lleva caducado desde hace más de tres meses. Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de Granada, lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. 

Ante ello, desde la asociación de familiares de las víctimas de Córdoba apunta a “una especie de desidia administrativa que expresa también, a veces, falta de voluntad política, que esperamos que se resuelva de inmediato. Nos duele como asociación y duele a las familias que un aspecto tan sensible como las muestras de ADN se haya permitido que se pueda retrasar la firma de ese convenio, que ese convenio esté en el aire en estos momentos”, aunque confían en que pueda seguir adelante esta tarea.

“Es doloroso para nosotros y para las víctimas que, una y otra vez, nos encontremos con una desidia administrativa que eterniza los procesos para la adjudicación de los trabajos en las fosas, por ejemplo, en Córdoba, o en este caso para la renovación del convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada sobre las muestras de ADN”, denuncian.

Asimismo, Dejadnos Llorar recuerda que están pendientes de que en Córdoba se abra la Oficina de Atención a las Víctimas “que facilite precisamente a los familiares la toma de muestras de ADN, para que realmente pueda seguir el proceso de identificación de las víctimas y que, además ahora, de una vez por todas, se liciten las obras de las exhumaciones de Córdoba”. Hace dos años que las cuatro administraciones –Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba– firmaron un protocolo para realizar las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael en la capital, donde se calcula que yacen 4.000 víctimas represaliadas. Actualmente, no han comenzado esos trabajos y se está a la espera de la licitación del contrato.

Voluntad política y respeto a los derechos humanos

En definitiva, aseguran, lo que reclaman es que “haya voluntad política, respeto a los derechos humanos, a los familiares, a las víctimas. Porque ya hablamos de acumulación de décadas, de más de 80 años, y no parece respetuoso ni con los derechos humanos ni con las víctimas que las administraciones, los plazos administrativos y las trabas burocráticas alarguen una vez más los procesos de reparación a los familiares de las víctimas del franquismo en nuestro país”.

Además, creen necesario “seguir impulsando tal y como establece la Ley de Memoria, el Banco Nacional de ADN, que debería ser una prioridad” para todas las administraciones, para que realmente se pueda identificar al mayor número de víctimas posible de las 150.000 que se calcula que todavía están en fosas y en cunetas en todo el país.

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