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J. M. Ayala

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La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha retomado este lunes en Córdoba sus movilizaciones y, entre otras cuestiones, han reclamado la subida de las pensiones mínimas para evitar que haya mayores por debajo del umbral de pobreza.

En un comunicado con motivo de la concentración realizada a las puertas del Ayuntamiento, la Plataforma explica que el paro en Córdoba, según la encuesta de población activa del primer trimestre de 2023 es del 17,77%, de las 64.100 personas desempleadas, el 56% son mujeres. “Si a ello unimos salarios bajos, y una brecha entre los sueldos de las mujeres y los hombres, lo que se traduce luego en un mayor boquete en las pensiones, del orden de 3.675 euros anuales menor, que en muchos casos se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, por lo se podría decir que la pobreza tiene rostro de mujer”.

“Exigimos la inmediata subida de las pensiones mínimas para garantizar que no haya pensionistas que estén por debajo del umbral de la pobreza”, piden. Y señalan que el 67% de los pensionistas en Córdoba no llegan a 1.080 euros al mes, la cantidad en la que el Estado fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por ello, “exigimos que la pensión mínima se equipare al SMI, y este se sitúe en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Tenemos que acabar con la brecha de género en pensiones y salarios, que se va a agravar con el aumento de los años para el cálculo de las futuras pensiones. Exigimos que se realice la auditoría de la Seguridad Social, de inmediato y con garantías, tal como recoge la Ley 21/2021, cuyo plazo de ejecución se ha incumplido. Estamos convencidos de que la auditoría nos dará la razón y certificará que el sistema es sostenible, y que no se pueden justificar los recortes”.

Desde la plataforma recuerda que son “un movimiento de personas solidarias, conocedoras de la realidad, la nuestra, y la de quienes luchan por mantener y conseguir un trabajo digno en unas condiciones decentes que les permita vivir dignamente. Somos un movimiento preocupado por los problemas globales de la gente, preocupados por la Sanidad, por la Educación de nuestros hijos y nietos, preocupados por quienes no pueden valerse por sí mismos y necesitan ayuda, en casa, o en centros debidamente dotados de medios y personal. Nos preocupa la soledad no deseada de las personas mayores, nos preocupa la degradación del medio ambiente, y nos preocupa especialmente, la pobreza y la desigualdad social, que, crisis tras crisis, vienen aumentado de forma alarmante. Demandamos con carácter de urgencia un reparto justo de la riqueza y un cambio radical de la actual política económica, que ocasiona que cada vez menos personas, acumulen más poder y dinero, a costa de salarios, pensiones y servicios públicos”.

Y asímismo, dicen preocuparse por “el atentado que está sufriendo la verdad en nuestras relaciones, el cinismo en los medios de comunicación, de forma que la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas está confundida, y es capaz de apoyar políticas y partidos cuyos programas claramente perjudican sus intereses”.

Gobierno de coalición y elecciones 23J

En su comunicado, reconocen que la actual fórmula de gobierno de coalición, “en términos generales, ha servido para avanzar en aspectos sociales que, en otros tiempos y por los distintos gobiernos, parecían imposibles de conseguir. Pero no nos casamos con nadie. Solamente apoyamos aquellas políticas que sirvan para mejorar la vida de la gente, vengan de donde vengan y sean quienes sean, quienes las propongan”.

Por eso, dicen que para las próximas elecciones generales, “animamos a la gente a participar, y a no contentarse solo con ir a votar, y también a manifestar su apoyo decidido a aquellas propuestas políticas encaminadas a mejorar la vida de la gente en general, y a valorar los esfuerzos por la unidad que hagan para conseguirlo quienes dicen defender esos intereses. Trabajadoras y trabajadores en activo, personas pensionistas hombres y mujeres, jóvenes... todos tenemos las mismas reivindicaciones urgentes: recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones e impulsar y desarrollar los servicios y las políticas públicas, que garanticen mediante un reparto equitativo de la riqueza, el acceso a una vida digna de ser vivida. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!”, concluyen.

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