La cuenca del Guadalquivir entra oficialmente en sequía: así afectará a 4,1 millones de habitantes

“Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros”, cantaba Pablo Guerrero. Y eso es lo que tiene que ocurrir durante los próximos meses en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, en la que viven 4,1 millones de españoles, repartidos en 12 provincias de cuatro comunidades autónomas diferentes (Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia). Este martes, la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) declarará oficialmente la sequía en la cuenca y pedirá al Gobierno que apruebe un Real Decreto que le permita tomar medidas extraordinarias de ahorro y contención de daños.

La última vez que se declaró la sequía en el Guadalquivir fue en el mes de diciembre de 2017. El Gobierno llegó a trabajar en un borrador de Real Decreto, pero de repente, como cantaba Pablo Guerrero, comenzó a llover a cántaros. Tan abundantes fueron las lluvias de ese invierno y la primavera de 2018, que la cuenca pudo salir de la sequía y de una situación de emergencia que venía arrastrando desde años atrás. Pero desde entonces, la cuenca del Guadalquivir acumula tres años de escasez de precipitaciones, los embalses han seguido alimentando los regadíos y se han vaciado.

Este martes se reúne la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir justo después de la llegada de los ansiados ábregos, el temporal atlántico del suroeste que es el que suele dejar abundantes lluvias en la cuenca del río grande de Andalucía. También se ha convocado a la Comisión de Desembalse, en la que se le comunicará a los regantes que en estos momentos ya no hay más agua disponible que para el abastecimiento de las ciudades y el mantenimiento de los caudales ecológicos con los que evitar un desastre en el Guadalquivir y sus grandes afluentes.

Ahora mismo, no peligra el abastecimiento de los 4,1 millones de personas que dependen de los embalses y acuíferos de la cuenca hidrográfica más regulada de la Península. La capacidad de almacenamiento de agua en toda la cuenca es de 8.115 hectómetros cúbicos. Este lunes, los embalses del Guadalquivir retenían 2.124 hectómetros cúbicos de agua, es decir, el 26% de la capacidad total, con todo el otoño, el invierno y la primavera por delante. Según la media de los últimos diez años, la cuenca debería estar al 54% de su capacidad.

Pero para que no haya problemas con el abastecimiento a las ciudades y que no entre en crisis el caudal ecológico de los ríos, provocando un desastre ambiental, es necesario la aprobación de un Real Decreto de Sequía por parte del Consejo de Ministros que habilite a la Confederación Hidrográfica y a su presidente, Joaquín Páez, a tomar medidas extraordinarias para fomentar el ahorro.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

El Plan Hidrológico del Guadalquivir actualmente en vigor determina de una manera concreta qué es lo que ocurre cuando se aprueba el Real Decreto (algo que no ocurrirá, al menos, hasta la próxima semana como muy pronto): “La situación de sequía hidrológica existente en la demarcación del Guadalquivir obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento de los recursos hasta que los niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados. Asimismo, será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y los ecosistemas dependientes y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias”.

¿Qué medidas? Las que decida la junta de gobierno de la Confederación. La última vez que se activó el decreto de sequía en el Guadalquivir fue en 2008. Entonces, las competencias estaban transferidas a la Junta de Andalucía. Ese año, además del Guadalquivir, se decretó la sequía en las cuencas del Júcar, Segura y Tajo, Guadiana y Ebro. Entonces, se interrumpió el regadío de manera casi total a través de los embalses. Y se ordenó a los ayuntamientos a reducir de manera importante sus consumos.

Ahora mismo, en Córdoba ya hay ayuntamientos que se están anticipando al decreto. En Lucena, por ejemplo, ya no se baldean las calles y se ha reducido el riego en parques y jardines en un 50%. En Andalucía hay municipios mejor y peor preparados. La comarca malagueña de la Axarquía ha agotado sus pozos. Sus alcaldes llevan años solicitando poder beber del embalse de Iznájar (actualmente al 19% y del que dependen 200.000 cordobeses), pero aún no lo han logrado. En el Norte de Córdoba, el ganado depende del embalse de Sierra Boyera para beber. La Confederación ya ha autorizado a los ganaderos a buscar pozos con los que garantizar que puedan seguir haciéndolo.

El Real Decreto, además, servirá para que los agricultores que dejen de percibir el regadío asignado puedan tener compensaciones. Por un lado, no tendrán que pagar la cuota correspondiente. Por otro, podrán acceder a ayudas por una más que previsible pérdida de producción. Lo que más preocupan son los cítricos de la Vega del Guadalquivir, donde se produce gran parte de la naranja de la Península. Si esos árboles se secan, habrá que replantarlos y no volverán a producir hasta dentro de varios años.

La cuenca del Guadalquivir riega también una inmensidad de olivos andaluces. Sin agua, la producción de aceite de oliva de la próxima campaña será mucho menor. Y con una menor producción, los precios de este producto volverán a aumentar.

Pero si hay algo que está claro es que el fantasma de unas restricciones generalizadas, como las de los años noventa (con ciudades en las que solo había agua durante unas horas al día), no está cerca. Siempre que el actual año agrícola vuelva a ser normal. Si se repite el patrón de los últimos ocho años, los más secos y cálidos en toda la cuenca del Guadalquivir desde que hay registros, entonces habrá que comenzar a preocuparse después de la primavera. Y precisamente para no llegar a ese punto es para lo que ahora se solicita ese Real Decreto, para que la Confederación tenga un marco legal para autorizar o prohibir el uso del agua en todo el dominio público del Guadalquivir.