La conversión de viviendas en pisos turísticos se acelera en Córdoba antes de que llegue la regulación

El ritmo de conversión de viviendas en pisos turísticos se acelera en Córdoba capital, cuando quedan unos meses para que entre en vigor la nueva normativa andaluza que permitirá a los ayuntamientos paralizar o limitar la proliferación de esta modalidad de alojamiento en función de los intereses urbanísticos.

Así, según los datos recabados en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA), solo en el último mes de enero, 68 nuevos pisos turísticos se han dado de alta en la capital cordobesa. El número total de pisos turísticos activos es de 2.503, de forma que la capital aglutina la gran mayoría de la oferta de vivienda de usos turísticos de la provincia, donde hay un total de 2.717 licencias en estos momentos.

Hace justo un mes, eran 2.641 las que había a nivel provincial y 2.435 en Córdoba. Es decir, mientras en la provincia se han formalizado solo ocho licencias en todo el mes, en la capital se daban de alta dos pisos turísticos cada día de media.

En estos momentos -antes de que entre en vigor la nueva normativa y desde luego antes de que en Córdoba se tome algún tipo de medida-, dar de alta un piso turístico no entraña grandes complicaciones. De manera online, basta con presentar una declaración responsable de inicio de actividad y conseguir una licencia de ocupación.

Con estos dos trámites, se consigue un número licencia, que es lo que piden los portales de internet para permitir dar de alta un alojamiento. Es una preaprobación que permite iniciar la actividad de alquiler de temporada, aunque la Delegación de Turismo hace un seguimiento de la solicitud antes de aprobarla definitivamente. Es decir, en el registro puede haber altas que luego acaben paralizadas, aunque el ritmo de dos nuevos pisos turísticos cada día se mantiene desde hace ya un año.

El nuevo decreto

Con la aprobación del nuevo decreto de viviendas de uso turístico el pasado lunes, el Gobierno andaluz da un paso clave para iniciar la regulación del sector. Para empezar, la nueva norma transfiere a los ayuntamientos la potestad legal para limitar e incluso prohibir la apertura de nuevas viviendas de este tipo, una opción muy demandada –especialmente por las capitales más turísticas– y que, en el caso de Córdoba, ha contado con el beneplácito del propio alcalde, José María Bellido, aunque hace unas semanas, el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, defendiera que el crecimiento de pisos turísticos en la ciudad de Córdoba es sostenible.

Los requisitos para iniciar una limitación es que estas medidas deben ser “proporcionadas” y en aplicación de una difusa “razón imperiosa de interés general”, que en todo caso deberán justificar. Es decir, hay que andar con cuidado, porque una decisión de este tipo podría acabar fácilmente en los tribunales.

Además, con esta modificación, se incorporan nuevos requisitos respecto a los previstos en el Decreto 28/216, de 2 de febrero, para ejercicio de una actividad económica, como es la prestación del servicio turístico de alojamiento de viviendas, acorde con la normativa europea y nacional que regula los principios de libre acceso al mercado.

Asimismo, en coherencia con lo establecido en la Ley de Turismo, se refuerza la figura legal de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico con el objetivo de profesionalizar la actividad -con lo que se busca a su vez la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras-, facilitar las relaciones con la administración turística y garantizar los derechos y deberes de las personas usuarias.

Otra de las modificaciones incluidas es que se actualizan los requisitos y exigencias de habitabilidad, acondicionamiento o servicios comunes, en aras de una mayor calidad en la prestación de servicio y protección de los derechos de personas usuarias, como son los de superficie máxima por persona, el número de baños o la climatización, entre otros.