El naufragio del parque multiaventura de Hornachuelos

En marzo de 2019 abría en el municipio cordobés de Hornachuelos una alternativa de ocio en la naturaleza que supuso una inversión millonaria del consistorio: el parque multiaventura Río Secreto. La empresa encargada de su construcción y su posterior explotación fue Ingeniería de la Construcción Cordobesa (ICC), cuyo contrató será rescindido debido a las múltiples deudas que la entidad acumula con el Consistorio y que dejan en el aire qué va a pasar con el parque. Grosso modo, la empresa ha estado explotando el parque sin abonar en ningún momento los cánones establecidos en el acuerdo contractural: ni el fijo ni el variable.

La construcción de este parque se llevó a cabo gracias a una inversión de 2.087.735 euros de los que solo el 23% correspondieron a una aportación de Enresa a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Es decir, un total de 482.000 euros de presupuesto estatal, recayendo el resto en las arcas de este pueblo de Córdoba.

Es imposible saber a cuánto ascienden los impagos en los que ha incurrido la entidad. Pese a ello, según información facilitada a este medio por el Ayuntamiento, el parque ha seguido abierto porque “repercute en el desarrollo del pueblo”. Sin embargo, la situación con la empresa “ya ha sido insostenible”, por lo que ya se ha puesto en marcha esta rescisión de contrato tras una previa aprobación en el Pleno.

Como mínimo, la deuda de ICC con las arcas municipales ascendería a 84.000 euros. Y es que la empresa debía abonar un canon fijo de algo más de 21.000 euros anuales desde 2021, ya que se contemplaban tres años de carencia y la concesión fue en 2018. El canon variable, que sí debía haberse pagado desde 2019, supondría un 0,5 de los ingresos brutos de la empresa. Dicho importe no se ha podido cuantificar en ningún momento dado que se tendría que calcular en relación con las cuentas anuales y balances de la empresa, documentación que la empresa no ha aportado desde que estableció en 2017 la relación con el Ayuntamiento.

Pese a que los impagos se han acumulado año tras año, no fue hasta 2023 cuando el Ayuntamiento contrató a la empresa 3CS para realizar un seguimiento de la concesión y verificar la situación. Tras varios requerimientos de documentación y pago, ICC solo entregó algunos documentos, siempre fuera de plazo. Finalmente, el Ayuntamiento emitió una solicitud de pago urgente, que tampoco fue atendida, procediendo entonces al embargo de los bienes de la empresa. ICC es la misma empresa que está reformando actualmente el Templo Romano de Córdoba y que lo hará también con 27 viviendas que AVRA tiene en La Corredera.

La falta de documentación, que ha imposibilitado al Ayuntamiento establecer un canon variable, obliga también al Consistorio a no aplicar penalizaciones, por lo que la única opción viable es la rescisión del contrato. Entre las exiguas comunicaciones entre ambas entidades y tras las notificaciones de impago, ICC solicitó el pasado mes de marzo un fraccionamiento del pago de la deuda que no llegó a término porque la entidad no subsanó en tiempo y forma los defectos de los que ya le había advertido el Consistorio.

Después de esto, se inició un período voluntario de pago sin ingreso alguno hacia el Ayuntamiento. Entonces, se formuló una providencia de apremio para instar a que la empresa pagara. El plazo finalizó el 20 de mayo sin noticias. Antes de proceder a la providencia de embargo de los bienes, ICC recibió en julio otro requerimiento para que pagara la deuda o aportara información sobre los bienes de su patrimonio para cubrir dichos impagos. El requerimiento fue desatendido. Fue entonces cuando el Consistorio dictó la diligencia de embargo.

Durante este proceso, el gobierno local pidió auxilio a la Diputación de Córdoba. Sin embargo, la entidad supramunicipal entiende que al ser una cuestión administrativa y no judicial, es el propio ayuntamiento el que tiene que dar solución con penalizaciones o rescisión de contrato.

“Interés general del pueblo”

Según la información remitida a este medio, el alcalde de Hornachuelos, gobernado por el independiente Julián López, defiende que siempre ha apostado por tener abierto al parque, frente al perjuicio económico para las arcas municipales, “en aras del interés general del pueblo”. “Esta empresa gestionaba unos recursos y hemos visto que era importante para el desarrollo, y así estaba siendo. Siempre hemos actuado de buena fe”, insiste.

Mientras se adjudica el servicio a una nueva empresa, el Ayuntamiento podrá implementar medidas para que el servicio proporcionado por ICC continúe de forma provisional e intentar “que no haya un daño mayor y que esta actividad quede parada”.