Aumentan en Córdoba los casos de menores que maltratan a sus familias

Un joven, internado en un centro de menores de Córdoba

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha visitado el Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA) de Córdoba, del que ha destacado su “éxito en la reinserción de estas personas, ya que el 85% de los jóvenes que cumplen este tipo de medidas judiciales no privativas de libertad, no vuelven a delinquir y se integran con normalidad en la sociedad”. Los delitos más comunes cometidos por estos jóvenes, de entre 14 y 18 años, se refieren a atentados contra el patrimonio, en un 40%, así como lesiones y maltrato en el ámbito familiar, asunto que ha sufrido un incremento de casos.

El SIMA está gestionado por Meridiana desde 2019 y en 2023 volverá a sacarse a licitación su gestión con un importe de 1,9 millones de euros, según ha apuntado la delegada. 

El Sistema Integral de Medio Abierto pone a disposición de los menores 11 profesionales entre educadores, trabajadores sociales y psicólogos que desarrollan un plan individual de ejecución para cada caso. Entre las medidas, se incluyen la de libertad vigilada, que se aplica en un 40% de los casos, régimen abierto, tratamiento ambulatorio por adicciones o salud mental, convivencia en grupos familiares para adquirir normas y habilidades sociales, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y fines de semana en domicilio.

Como ha explicado la delegada, dichas medidas vienen establecidas en la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. López ha incidido en la idea de que “el objetivo prioritario es la reinserción, que los menores puedan llevar una vida normalizada y se integren en la sociedad”.

Por su parte, el coordinador del SIMA, Emilio Pizarro, ha destacado que “se elaboran planes individuales, flexibles e integrales con los menores, los educadores y sus familias, se presentan al juzgado y, una vez aprobados, se comienza a trabajar para cumplir los objetivos”. A su vez, ha añadido que “se trata de vincular a los menores de manera normalizada con su contexto familiar, socieducativo y sanitario, para lo que se trabaja con la familia y los agentes comunitarios”.

Pizarro, ha destacado asimismo que “los perfiles de jóvenes que pasan por el servicio son de clase media o media-alta, en muchos casos con carencias socioeducativas y trastornos mentales no diagnosticados vinculados a adicciones”.

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