Servicios Sociales necesita recursos para afrontar el Plan de Rescate

La Reforma Local de 2013 puede hacer más difícil la labor de este área del Ayuntamiento, encargada de determinar la situación de exclusión de las familias o su incapacidad económica

Muchos son los actores que deberán interrelacionarse para desarrollar con total garantía el Plan de Rescate a la Ciudadanía, un acuerdo de Gobierno “para el rescate de los ciudadanos y ciudadanos que están sufriendo lo peor de la crisis, poniendo todos los medios y recursos municipales para ello”. Detallado a lo largo de diez páginas, el Ayuntamiento desgrana cada una de las acciones que pretende llevar a cabo en aspectos relacionados con los servicios municipales, el agua, la pobreza energética y la vivienda, y para los que contará con 550.000 euros hasta diciembre.

Sin embargo, buena parte del plan se encuentra subyugado a la contratación de personal, una baza a la que el Ayuntamiento debe hacer frente. Tal y como afirma el edil de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, “a Servicios Sociales se le debe dotar de recursos humanos, económicos y técnicos –que se han ido lastrando durante estos años- porque es el área que se enfrenta cada día a la situación de emergencia social que hay en Córdoba”. Pero, la problemática va más allá. La contratación de personal no depende del Ayuntamiento, sino que está supeditada a la última Reforma Local llevada a cabo en 2013, “otro inconveniente porque esa ley nos impide contratar al personal que se necesita”.

Ante esta situación, Del Castillo explica que “a final de este mes, llevaremos al equipo de gobierno una propuesta con todas nuestras necesidades. Necesitamos gente; trabajadores sociales, educadores y personal técnico. Es algo imprescindible. Si esto no lo tenemos, no vamos a tener herramientas. Tenemos que decir lo que nos hace falta para que, más pronto que tarde, esa ley se pueda cambiar”.

Los centros de Servicios Sociales atajarán problemas como los ocasionados por la pobreza energética. El plan contempla garantizar unos suministros básicos a los hogares en exclusión social y un cambio de convenio entre el Ayuntamiento y Endesa, entidad a la que se le ha pedido la creación de un fondo económico. “En principio, es algo que están estudiando, pero han manifestado su intención de hablar. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad social corporativa y que empresas como Endesa deben ponerse del lado de las familias”. Además de esto, se plantea un cambio en el convenio existente entre el Consistorio y la empresa “para que la familia que se encuentre en la tramitación de una ayuda de emergencia pueda disponer de tiempo suficiente para encontrar una solución al pago de las facturas”, señala Del Castillo.

Por su parte, la Oficina en Defensa de la Vivienda estará destinada a solucionar la problemática de la falta de habitabilidad. Por un lado, el documento contempla realizar un estudio entre la Universidad y el Colegio de Abogados para ver si existe campo legal para sancionar a los bancos que tengan casas vacías, una situación que “genera problemas de salubridad, sanitarios, urbanísticos, medioambientales y sociales”. Del Castillo admite que, si tras ese estudio no existe campo legal para actuar en esa dirección, “tendremos que exigir a las administraciones superiores que se legisle contra las viviendas vacías”. Otras medidas contempladas en este ámbito hacen referencia a la subrogación hipotecaria, la creación de pisos puente y de una casa de acogida familiar y la paralización de todos los desahucios del parque de viviendas dependiente del Ayuntamiento.

A pesar de las críticas vertidas desde la oposición, Del Castillo afirma que “este documento no es una medida electoralista”. Es consciente de que “es un plan ambicioso, pero necesario, sobre el que debemos empezar a trabajar desde ya. Quizás algunos puntos tardaremos años en conseguirlos, pero la gente tiene que ver que desde el Ayuntamiento se trabaja para ellos”, sentencia.