Rodríguez Laínz prorroga otro mes el secreto de sumario del caso de bebé robado

El juez avanza con una instrucción que mantiene esperanzada a la familia pero ante la complejidad de las pruebas que ha solicitado ha decidido continuar con el secreto

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, que instruyó el caso Ruth y José, ha decidido prorrogar otro mes más el secreto de sumario sobre el supuesto caso de bebé robado que está investigando después de que una familia cordobesa hiciese una prueba de ADN a lo que creían que eran los restos de su hermano y se demostrase que lo enterrado allí era una niña que nada tenía que ver con ellos. Según han confirmado fuentes judiciales, el juez ha decidido prorrogar otro mes más el secreto de sumario para perfilar una investigación que es muy compleja y que está empezando a dar frutos.

“El juez se está volcando en este caso. Y lo está llevando con una minuciosidad que nos sorprende y nos alegra”, afirmó, hace un mes, Alberto Prián, el abogado de la familia Cepas que busca a Juan Ignacio, un bebé supuestamente robado del hospital provincial de Córdoba el 19 de diciembre de 1985. El letrado de la familia no quiere ofrecer ningún detalle. “Pero sí puedo decir que avanza muy rápidamente y en muy buen sentido”.

Hace unos meses, harta de los reveses judiciales, la familia optó por acudir a la vía privada y decidió exhumar los supuestos restos de Juan Ignacio, enterrados bajo su nombre en el cementerio. El 4 de septiembre de 2013, el toxicólogo forense y genetista Jaume Buj dirigió, por encargo de la familia Cepas, una compleja operación de exhumación privada con un resultado asombroso. De los escasos restos que se conservaban en el interior del pequeño ataúd, Buj pudo sacar muestras de ADN que arrojaron un testimonio que dejó a todos boquiabiertos: no sólo la genética del cadáver no se correspondía en absoluto con la familia Cepas García Galiano, sino que lo que allí se enterró no fue a un niño, sino a una niña.

Juan Ignacio Cepas nació con su hermano gemelo Andrés, que es quien ha llevado la iniciativa de la investigación. “Andrés siempre supo que nuestro hermano no estaba en aquella tumba. Ninguno en la familia le hizo mucho caso, pero él lo presentía. Y cuando se destapó en la prensa los casos de niños robados empezó a sospechar que el caso de Juan Ignacio podía ser uno más”, explica su hermana María José.

Hasta la reapertura del caso por el juez Rodríguez Lainz, la familia Cepas ha pasado un calvario administrativo y judicial. Hace dos años llevó el caso a la Fiscalía de Córdoba y pidió que se exhumará el cadáver para realizar un análisis. Pero se encontraron con una negativa cerrada por parte del Ministerio Público que recomendó a la familia acudir al Juzgado. Pero para ello, debían de tener una prueba sólida de que algo había pasado. Encontraron una nueva incongruencia en el registro de nacimientos del Hospital Provincial de Córdoba. El 19 de diciembre de 1985 solo constaba el alumbramiento de un bebé, seguramente Andrés. Pero no se habla nada del nacimiento, y posterior defunción de un segundo (Juan Ignacio Cepas). Esta prueba tampoco convenció al juez Rodríguez Lainz la primera vez que leyó la petición de la familia Cepas y decidió archivar la demanda.

Aquello motivó que la familia optase por abrir de su bolillo la tumba y realizar los análisis genéticos para aclarar si aquellos restos eran o no de Juan Ignacio. Los resultados fueron negativos fueron tan determinantes que la propia Fiscalía que había negado cualquier posibilidad a la familia, pide al juez que inicie inmediatamente las pesquisas correspondientes. Esta vez Rodríguez Lainz declaró el secreto del sumario y comenzó a investigar, solicitando informes, documentación y análisis de todo tipo.