Empleo

Once municipios cordobeses pueden optar a ayudas del Instituto de Transición Justa para generar empleo

Un total de dieciséis unicipios andaluces -11 de ellos de la provincia de Córdoba- enclavados en zonas de Transición Justa podrán presentar proyectos empresariales alternativos generadores de empleo en sus territorios a la convocatoria de ayudas de 50 millones de euros que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) --Organismo Autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico--, convocará de forma inminente en las zonas del país afectadas por la transición energética.

En concreto, pueden optar a estas ayudas los municipios cordobeses de Bélmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba, todos ellos dentro del Valle del Guadiato en Córdoba.

Tal como requiere el importe, el último Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de autorizar al ITJ la convocatoria para 2023 de las ayudas por importe de 40 millones de fondos propios dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha explicado a través de un comunicado que a esta cantidad, el ITJ adicionará una partida diez millones destinada a pequeños proyectos de inversión con idénticos objetivos. Las dos órdenes ministeriales que regularán ambas convocatorias de ayudas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de diciembre.

Las ayudas se otorgarán en cuatro anualidades hasta 2026, de manera que en 2023 se distribuirán seis millones, nueve en 2024, 12,5 millones en 2025 y otra cifra similar para el ejercicio 2026.

En Andalucía, aparte de los de Córdoba, el resto de los 16 municipios que se puedan beneficiar, pertenecientes a los tres Convenios de Transición Justa de Carboneras y Los Barrios, son Carboneras (Almería), así como Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque, en Cádiz.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía. Pedro Fernández, ha animado a las iniciativas privadas a “optar a estas ayudas para contribuirán a solucionar un problema social y económico derivado del cierre de la actividad minera y térmica en sus territorios, pues contarán con un respaldo económico público que les otorgará viabilidad a sus proyectos”.

La finalidad de las ayudas es promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, así como su entorno, con el fin último de generar actividades económicas alternativas en dichas zonas, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los ya existentes para incentivar el desarrollo de estas zonas, considerando su condición de regiones desfavorecidas.

Además, se prestará especial atención a los proyectos que contemplen emplear a los colectivos de trabajadores que han perdido su empleo debido a los cierres y a aquellos que ya plantean dificultades de empleabilidad en la actualidad (mujeres, mayores, jóvenes y personas con discapacidad).

Se consideran proyectos empresariales aquellos que requieren una inversión mínima de 100.000 euros y crean al menos tres puestos de trabajo. Por su parte, los pequeños proyectos de inversión deberán invertir un mínimo de 30.000 euros y comprometerse a mantener el empleo durante los tres años siguientes o crear al menos un puesto de trabajo para las nuevas iniciativas.