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Las primeras voces críticas en contra de los pagos a CECO

Ignacio Fernández de Mesa y Luis Carreto.  MADERO CUBERO

Manuel J. Albert

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El anterior secretario de la Cámara de Comercio se opuso a que se mantuvieran los pagos por el 'Informe anual sobre los tributos locales en la provincia de Córdoba'

La primera y más cerrada crítica que se hizo a las pagos regulares que la Cámara de Comercio a CECO provino del entonces secretario de la cámara, José Enrique Fernández de Castillejo. En el acta del comité ejecutivo de la cámara del 8 de febrero de 2011 consta que el secretario se opuso a que se mantuvieran estos pagos “en razón de la incertidumbre económica que planea sobre la corporación”, dijo en alusión a la reforma de la ley hecha por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que suprimió el recurso cameral, esa especie de impuesto que todos los empresarios estaban obligados a pagar a la Cámara en función de su facturación y tamaño de sus empresas.

El exsecretario aseguró entonces que la entidad “habrá de ajustar al máximo todos esos gastos desde ya y en varios ejercicios venideros, ya que las reservas que tiene pueden no ser suficientes para salvar los déficit anuales que se prevén”. Pese a esta clara advertencia, se aprobó por unanimidad el pago por dicho estudio. Unos meses después, José Enrique Fernández de Castillejo, tras décadas en la cámara como secretario, fue cesado de su cargo.

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) reconoció el martes la existencia, desde 2005, de ingresos anuales de 40.500 euros de media, procedentes de la Cámara de Comercio en concepto del Informe anual sobre los tributos locales en la provincia de Córdoba, aunque afirma que se ha cobrado por otros dos informes. Fuentes de la Cámara señalan que muchos de estos pagos se efectúan antes de que se adjudiquen, incluso antes de que se establezcan las bases de la convocatoria pública. Un requisito necesario, al tratarse de fondos públicos. CECO, por contra, niega la mayor y defiende en un comunicado que los trabajos han estado siempre sujetos “al cumplimiento de las normas corporativas para poder acceder a esta financiación”.

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