El PP reclama a la Junta que pague a los centros especiales de empleo

El secretario general del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, quien junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales, Rafaela Obrero, han mantenido un encuentro con representantes de centros especiales de empleo de la provincia de Córdoba.
Los populares afirman que se adeudan dos millones de euros a estas instalaciones

“La mejor manera de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre, es pagando la deuda que la Junta de Andalucía tiene con los centros especiales de empleo”. Así lo ha manifestado este viernes el secretario general del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, quien junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales, Rafaela Obrero, han mantenido un encuentro con representantes de centros especiales de empleo de la provincia de Córdoba.

En Andalucía hay unas 700.000 personas con discapacidad, de las que algo menos de 70.000 son de la provincia de Córdoba. “Lo triste es que 4 de cada 5 discapacitados no tienen trabajo en nuestra tierra”, dice Molina. Los centros especiales de empleo velan por la inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad. En la provincia de Córdoba existen 41 centros especiales de empleo, de los que 16 están ubicados en la capital y 25 en distintos municipios de la provincia.

“La situación que están sufriendo estos centros especiales de empleo es insostenible a causa de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con ellos en el pago de las ayudas para el mantenimiento de estos puestos de trabajo”, dice Molina. En la provincia de Córdoba estos centros especiales de empleo no cobran estas subvenciones desde el último cuatrimestre de 2013, con o que llevan todo el año 2014 sin recibir esta financiación para crear y mantener puestos de trabajo entre los discapacitados.

Según datos de estos colectivos, la estimación de deuda de la Junta a estos centros es superior a 25 millones de euros en Andalucía, con lo cual más de 2 millones de euros se deben a los centros cordobeses.

Así mismo, estos centros se encuentran en na situación de desamparo normativo absoluto después de que el gobierno andaluz de la Junta haya derogado en el pasado mes de marzo de 2014 la orden que regulaba a los centros especiales de empleo, lo que ha provocado gran inseguridad jurídica, administrativa y económica en estos. “En esos momentos no saben si continuarán las ayudas que se venían prestando para la creación de puestos de trabo de personas con discapacidad, con qué cuantías, cómo se distribuirán, etc. el desconcierto es absoluto por la mala gestión del gobierno de Susana Díaz”, dice Molina.

Molina ha adelantado que en el Pleno del Parlamento Andaluz que se celebra la semana próxima el Grupo PP-A llevará una pregunta al gobierno de PSOE e IU para den cuentas de los impagos a estos centros especiales de empleo, que incluso están viendo peligrar su continuidad y viabilidad ante esta falta de financiación de la administración andaluza.

Frente a esto, el secretario general del PP cordobés ha recriminado la confrontación política de PSOE e IU en la Junta contra el Gobierno de España del Partido Popular, cuando la realidad es que el Gobierno de Rajoy, en dos años, ha aumentado un 27,60% la aportación destinada a Andalucía para políticas activas de empleo de personas con discapacidad, es decir, entre 2013 y 2014, han llegado a 11.138.390 euros más para dar oportunidades laborales a los colectivos con especiales dificultades.

A los responsables del gobierno andaluz se les llena la boca con políticas sociales y de apoyo a la discapacidad para salir en la foto en el Día Internacional de este colectivo, pero la realidad es que desde el año 2013 los discapacitados andaluces no cuentan con el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad de la Junta, eliminado de un plumazo por PSOE e IU. Además, en el PJA para 2015 también se han eliminado las ayudas a las Universidades andaluzas para programas para personas con discapacidad.

“El apoyo a las personas con discapacidad se demuestra con hechos, y el gobierno de la Junta de Andalucía todavía tiene muchos que demostrar”, concluye Molina.

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