El PP dice que el Gobierno consolida el fondo para familias desahuciadas

José Antonio Nieto y Laura Ruiz.
El FSV, que cuenta con 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades financieras firmantes del convenio

La vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del PP de Córdoba, Laura Ruiz, ha informado de que el Gobierno consolida en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 el Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca.

"Este Plan permite consolidar el convenio firmado en enero de 2013 por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito mediante el que se daba cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios", afirma Ruiz.

El FSV, que cuenta con 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades financieras firmantes del convenio, permite a las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario solicitar el acceso a estas viviendas durante dos años.

"Se están beneficiando de esta medida las personas cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el FSV", destaca Laura Ruiz.

Además, el Gobierno marca como requisitos para acceder al alquiler de estas viviendas que sea familia numerosa o unidad familiar con alguna de las siguientes características: monoparental con dos o más hijos a cargo;

de la que forme parte, al menos, un menor de tres años;

en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral;

en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo; o en la que exista alguna víctima de violencia de género.

La vicesecretaria popular añade que para presentar la solicitud ante la entidad de crédito correspondiente, que dará prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social, es necesario obtener un informe de los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales.

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