La Policía interroga a 600 alumnos de cursos de formación

Desempleados a la puerta de una oficina del SAE en Córdoba | MADERO CUBERO
Los agentes inician hoy la segunda fase de la operación Edu llamando a declarar a los alumnos de los cursos | Está previsto que los interrogatorios duren unas tres semanas

Nunca ha habido una operación contra el fraude y la corrupción en Córdoba con tantos testigos. Esta mañana, a primera hora, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la han iniciado. Desde las 8.00 de esta mañana están desfilando por las dependencias de la Comisaría Provincial de Campo Madre de Dios los aproximadamente 600 testigos citados por la Policía Nacional para declarar sobre el fraude de los cursos de formación en la provincia. Se trata, según han confirmado fuentes policiales, del inicio de la segunda fase de la llamada Operación Edu, que se inició en Málaga poco antes del verano y que tiene ramificaciones en todas las provincias andaluzas. De hecho, la Policía Nacional ha iniciado este macrointerrogatorio en siete provincias (todas menos Sevilla), llamando a declarar a más de 3.000 personas, según avanza en su edición de hoy Vozpópuli.

Las fuentes detallan que el objetivo de este macrointerrogatorio no es otro que el de conocer el nivel de fraude que existió en los cursos de formación a los que acudieron estos alumnos. Es decir, primero se le pregunta a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía.

El trabajo de la Policía Nacional será a partir de ahora muy metódico y tendrá el mismo esquema que el que comenzó a desarrollar en Málaga. Así, primero serán los interrogatorios a los alumnos, para continuar posteriormente con los profesores y acabar finalmente con los responsables de las empresas que impartían los cursos de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo. En el caso de Córdoba, se investigan expedientes de cursos de formación impartidos entre los años 2009 y 2012. Los anteriores a 2009, en el caso en el que hubiese habido fraude, estarían prescritos.

Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta. En el caso de Córdoba, la investigación está siendo instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 8.

CAMBIO DE ACTITUD DE LA JUNTA

La investigación policial y judicial sobre los cursos de formación en Andalucía acaba de dar un inesperado giro de 180 grados. Según han confirmado fuentes policiales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que instruye la causa de los cursos de formación por orden de la juez Mercedes Alaya citó a declarar el pasado 4 de julio al actual director general de Formación Profesional para el Empleo, el malagueño Carlos Cañavate. Los agentes que dirigen la investigación se sorprendieron ante la absoluta colaboración que mostró Cañavate desde primera hora, lo que ha aligerado la nueva ‘macrocausa’ que dirige Alaya.

El papel de Cañavate está siendo un antes y un después para la investigación policial. Las fuentes consultadas aseguran que no se trata de un caso aislado, del testimonio concreto de un director general, sino que lo achacan a un cambio de actitud de todo el Gobierno andaluz que relacionan con órdenes al más alto nivel. En este sentido estaría la sorprendente publicación, por parte de la Junta, de una lista completa de las empresas que han recibido fondos para cursos de formación y que han sido exoneradas de justificar los gastos. El Gobierno andaluz también está reclamando el dinero percibido allá donde ha detectado irregularidades, como en la concesión de fondos, por ejemplo, al sindicato UGT.

Carlos Cañavate (nacido en Málaga en 1980) es director general de Formación Profesional desde octubre del año pasado. Su nombramiento se produjo poco después de que Susana Díaz alcanzara la presidencia del Gobierno andaluz. En su declaración, voluntaria aunque fue llamado a declarar por la Guardia Civil, Cañavate ha descrito la situación que encontró en la Consejería de Educación sobre la gestión de los fondos europeos de los cursos de formación. Según ha trascendido, Cañavate aseguró que la gestión de los mismos era “desastrosa”.

La opinión ante la Guardia Civil de este director general no difiere mucho de la tesis que han defendido hasta ahora los investigadores, tanto los del instituto armado como los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que otra investigación independiente a esta, pero cruzada. Esta hipótesis, confirmada por el director general Carlos Cañavate, sostiene que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado. Según Cañavate, la situación era tan “desastrosa” que la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de revisar uno a uno miles de expedientes, optó por exonerar a las empresas que impartían cursos de formación ante el riesgo de que el sistema colapsase.

SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA

¿Significa esto que hubiese fraude en todos los cursos? No. Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar ahora el grano de la paja, una tarea que ya ha iniciado la Junta de Andalucía, con la reclamación de la devolución de ayudas y a la que se va a poner manos a la obra la juez Mercedes Alaya. La propia magistrada sostiene que la documentación que ha solicitado a la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación (todos los que se impartieron desde 2001 hasta 2012, aunque los anteriores a 2008 hayan prescrito) supera los dos millones de folios.

Los agentes, sorprendidos por el cambio de actitud de la Junta de Andalucía, aseguran que a partir de ahora el trabajo es titánico. Mientras tanto, sigue avanzando la investigación de la UDEF, de forma paralela aunque no coordinada. Los agentes de la Policía Nacional han comenzado a investigar un segundo expediente en la provincia de Málaga, trabajan en Granada y han iniciado también pesquisas en otras provincias, como Córdoba. No obstante, muchos asumen que las diligencias acabarán en manos de la juez Alaya. El juez de Cádiz que instruyó y dirigió la detención del exconsejero Ángel Ojeda ha acabado inhibiéndose en favor de Alaya.

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