La Plataforma de Inquilinos de Córdoba demanda la suspensión total de las cuotas de alquiler

La Plataforma de Inquilinos de Córdoba ha demandado este miércoles “la suspensión total de las cuotas de alquiler, tanto de viviendas, para amparar a las familias inquilinas, como de locales, para proteger la economía local”.

En un comunicado, la portavoz de esta plataforma, Laura Ortiz, ha señalado que, “ante la crisis, no solo sanitaria, sino también económica que se vislumbra por el horizonte”, esta asociación se posiciona en contra de que “sean los grupos más vulnerables los que encajen el impacto socioeconómico que va a provocar esta situación”.

“Ante esto, el gobierno debe de proporcionar un amplio escudo social que no deje desprotegido a las familias, y personas en general, que hayan optado por el inquilinato como manera de vivir, ya que es un derecho recogido en nuestro Código Civil”, explica la nota, que puntualiza varias medidas a tomar al respecto.

Entre ellas está la llamada “huelga de alquileres”, entendida como “la suspensión total de las cuotas de alquiler”, tanto de viviendas como de locales. “Por este motivo, pretendemos una convocatoria de huelga de alquileres, ya que entendemos que una forma de salvaguardar la justicia social es impidiendo el enriquecimiento de unos a costa de la pobreza de otros”, dicen en el comunicado.

Además, también reivindican “una prórroga de los contratos de alquiler de la vivienda habitual al menos de seis meses desde la declaración del estado de alarma en nuestro país, para así evitar posibles subidas abusivas”; la concesión de microcréditos para las personas que caigan en situación de vulnerabilidad, y que éstos sean emitidos por el Estado a un tipo de interés del 0% y cuyo plazo de devolución sea de seis años ampliable a diez.

Asimismo, solicitan que, si tras la crisis del COVID-19 se mantuviese la vulnerabilidad, el Estado asumia el alquiler en concepto de línea de ayudas públicas de hasta 900 euros al mes y 200 de suministros.

“Los grandes propietarios de viviendas deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo, entendiéndose como gran propietario aquel que posea más de tres viviendas arrendadas, aunque más que el número de viviendas, se tendrá como índice el de renta percibida por alquiler”, explica la plataforma, que mantiene que, ante un inquilino vulnerable, el arrendador escoja o la reducción del 50% del alquiler durante el estado de alarma o el aplazamiento del pago de este periodo para cobrarlos de manera fraccionada a lo largo de un periodo de máximo tres años.