El plan de lucha contra el uso de cebos envenenados reduce en un 50% esta práctica ilegal

Las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través del plan de acción andaluz de lucha contra el uso de cebos envenenados en Andalucía, ha logrado reducir en un 50 por ciento esta práctica ilegal en la región.

Para ello ha sido fundamental la participación de los agentes de Medio Ambiente, el Seprona, las unidades caninas y los técnicos de biodiversidad. Para reforzar esta iniciativa, la Consejería está elaborando una nueva estrategia contra el veneno, que contempla nuevas líneas de acción para lograr erradicarlo, y promueve un pacto andaluz para implicar a toda la sociedad rural, según ha informado la Junta en un comunicado.

La estrategia andaluza de lucha contra el veneno es un programa que viene desarrollándose desde el 2004 con el objetivo de minimizar el impacto potencial del uso ilegal de cebos envenenados, que tan devastadores efectos ocasiona en el medio natural y en la salud pública, según resalta la Junta.

En este sentido, el nuevo documento prevé incrementar la unidad canina especializada contra el veneno y sus acciones, y potenciar la formación de los agentes de Medio Ambiente en todo lo relacionado con el uso del veneno y las artes ilegales de caza para que tengan capacidad de actuación. También contempla la realización de cursos de especialización dirigidos a los agentes de la Junta y miembros del Seprona que forman parte de los equipos del investigación contra el uso de cebos envenenados, y a los técnicos de biodiversidad e instructores de los expedientes sancionadores con el fin de mejorar la tramitación de los mismos.

Respecto al control de los tóxicos que se emplean, aparece como novedad la elaboración de una base de datos actualizada con la situación ilegal de cada uno de ellos. Igualmente, se impulsarán cambios administrativos para que se endurezcan las sanciones por la tenencia de sustancias tóxicas prohibidas e incluso para que se considere un delito, dado el alto riesgo que supone también para la salud de las personas. Para facilitar la recogida de estas sustancias prohibidas almacenadas se diseñará un sistema de recogida de las mismas para su eliminación.

En cuanto a la persecución del delito, se intensificará la vigilancia, investigación y la coordinación con el Seprona, y se mejorará la interacción con los órganos judiciales. También se instaurará un modelo idéntico de tramitación de expedientes sancionadores y extensión de las medidas cautelares de suspensión de aprovechamientos, y se impulsará la retirada de ayudas europeas a la agricultura y ganadería en las explotaciones afectadas.