“Pedid perdón, no lo saquéis en prensa y retiramos la denuncia”

Salida del juicio celebrado en Lucena
El letrado del Ayuntamiento de Lucena pone condiciones para retirar la demanda contra los dos miembros de Stop Desahucios que protestaron en un pleno | La vista oral, aplazada sin fecha

El juicio de faltas que se tenía que haber celebrado ayer por la mañana en el juzgado de Lucena contra dos activistas de Stop Desahucios, a los que se acusaba de insultos y de alterar el orden público en un pleno municipal, quedó finalmente aplazado sin fecha. El motivo del aplazamiento fue, según las fuentes consultadas, que los denunciados habían recibido la citación para la vista oral el pasado lunes, con apenas 48 horas de margen, y no habían podido contactar con un abogado por lo que “se vulneraba nuestro derecho de defensa”.

En esta tesitura, el Ministerio Fiscal propuso a las partes la posibilidad de que llegasen a un acuerdo para evitar un nuevo señalamiento y ahí llegó la propuesta del abogado del Consistorio lucentino. “Nos han ofrecido que retirarían la demanda si pedíamos perdón por lo sucedido, nos comprometíamos a no volver a provocar ningún incidente ni manifestación violenta en el pleno y que, en caso de retirar la denuncia, no lo vendiésemos a la prensa como una victoria frente al Ayuntamiento”, señaló uno de los denunciados, José Llamas.

La propuesta se debatió en una asamblea de Stop Desahucios, que había convocado una protesta a la puerta de los juzgados, y fue rechazada. “No vamos a aceptar tener que pedir disculpas públicas o la condición de no provocar incidentes en el Pleno porque eso significaría reconocer implícitamente los hechos de los que se nos acusa y no son ciertos”, declaró a este medio José Llamas, que reiteró que en ningún momento provocaron un altercado en el pleno, de finales de enero, y que tras protestar por la negativa a aprobar una moción para asegurar el suministro de agua a familias desfavorecidas, planteada por IU. “Protestamos y nos fuimos voluntariamente del pleno sin más”, indicó.

De esta manera, la vista oral queda aplazada y sin acuerdo. Se trata de un juicio de faltas por desorden público e insultos por el que se reclaman penas menores de cinco a diez días para uno de los acusados y de hasta veinte días de condena para otro; ambas eludibles por el pago de multas.

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