Unas oposiciones bajo sospecha

Las pruebas a bomberos municipales de 2008 y 2009 que investiga el juez Lainz por un presunto 'amaño' y por la que ya hay nueve imputados pudieron, empezar a cocinarse antes del examen teórico

Las pesquisas que dirige el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, del juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Provincial por el supuesto amaño de las oposiciones a bombero municipal de Córdoba en 2008 y 2009 ya han supuesto la imputación de nueve personas, siete opositores y dos miembros de la Junta de Personal Municipal. Todas las imputaciones están relacionadas con el presunto amaño de la prueba teórica de la oposición. Pero entre la documentación que obra en poder del juez, también hay rastro de cómo pudo decantarse incluso antes para favorecer a allegados de la plantilla a la hora de acceder a las nuevas plazas.

En los informes de la Dirección General de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba puede rastrearse cómo una familiar de un miembro de la plantilla, que había sido excluida por no dar la talla mínima de peso y altura (Índice de Masa Corporal o IMC) en la prueba médica, protestó hasta que el tribunal cambió los requisitos de dicha prueba. Y eso, una vez que ya había sido realizada. Se permitió así que la opositora prosiguiese con las pruebas, aunque finalmente no aprobó.

La rectificación del tribunal la logró tras varios escritos de protesta y la presentación de distintos informes médicos que contradecían el veredicto del examen. Hasta que el 16 de octubre de 2008, el jefe del departamento de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento publicó un documento en el que señalaba que, como las medidas físicas (peso y talla) “se valoraron mediante tratamiento informático sin que se aplicaran factores de corrección alguna dirigidas a corregir posibles desviaciones del método (…) es adecuado y corrector (…) introducir una corrección relativa al instrumental y al medidor, de tal forma que la talla debiera contemplar la corrección de más menos dos milímetros y el peso de más menos 100 gramos”.

Este cambio en el último momento de los requisitos médicos también suponía echar por tierra la decisión del tribunal de las oposiciones que, reunido el 6 de octubre de 2008, a las 8.30 en el despacho del Adjunto de la Jefatura de Área de Régimen Interior, había optado por no acceder a las demandas de revisión emitidas tanto por la candidata como otros nueve aspirantes a bombero que quedaron fuera. De todos los opositores cuyas protestas se trataron en aquella reunión, sólo la mujer seguiría con las pruebas, una vez variados -10 días después- los requisitos de talla y peso mínimos establecidos. Pero nunca aprobó.