Más de 200 jueces y fiscales se concentran en Córdoba contra la reforma judicial del Gobierno

Más de 200 jueces y fiscales se han congregado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para protestar contra las recientes iniciativas legislativas del Gobierno que, según ellos, amenazan la independencia judicial. La movilización, calificada como un “paro”, ha sido convocada por diversas asociaciones profesionales.

Durante la concentración, el magistrado Antonio José Puntas, delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue el encargado de dar lectura al manifiesto suscrito por las asociaciones convocantes. En el documento, se subraya que la Constitución de 1978 instauró en España un estado de derecho con la separación de poderes y un poder judicial independiente, esencial para una democracia real y la integración en la Unión Europea. Sin embargo, esta independencia está “bajo amenaza” por las iniciativas legislativas actuales.

El manifiesto detalla dos proyectos de ley principales que motivan el paro: El proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El primer proyecto, tramitado por vía de urgencia sin responder a “demanda social alguna” según los manifestantes, ha recibido un informe técnico “muy crítico” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las asociaciones denuncian que esta reforma “rebajará la excelencia de conocimientos” al eliminar contenido esencial y introducir “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Además, se busca crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, lo que conlleva un “riesgo de selección ideológica” de futuros jueces y fiscales. Critican también la intención de convertir a 13 jueces y fiscales sustitutos en permanentes “sin pruebas que midan su aptitud”, lo que iría en contra de los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad”, perjudicando a las promociones más jóvenes y a miles de opositores. Se acusa al Gobierno de usar “falsamente a Europa como excusa” para esta medida.

El segundo anteproyecto busca aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno sin filtro previo, según denuncian los manifestantes. Sumado a la eliminación de la garantía de autonomía de los fiscales, esto “incrementará aún más el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”, lo cual contraviene las exigencias europeas.

El manifiesto también denuncia un “ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la fiscalía”, con declaraciones políticas que “deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan” y tratan al Ministerio Fiscal “como un apéndice del gobierno”. Estas acciones, según los profesionales, “minan la confianza de los ciudadanos en su justicia”, facilitando “abusos de poder”.

Los jueces y fiscales enfatizan que la existencia de un poder judicial “fuerte e independiente” y una fiscalía “imparcial y autónoma” no son derechos de los jueces, sino “una garantía de todos”, imprescindibles para la “buena salud democrática de un país”. Aseguran que estas reformas buscan convertir al poder judicial en un “poder con minúscula”, más débil y “maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”, siguiendo la senda de las “democracias iliberales”.

Por todas estas razones, los manifestantes han exigido la retirada de ambos proyectos. Advierten que, de no ser así, “no descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga”. Además, han reiterado su demanda de una “masiva creación de plazas judiciales y fiscales” para mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestan a la sociedad.