Ojo, lotería falsa: La Policía interviene unos 10.000 boletos de la OID

Agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía en Córdoba “se han incautado de unos 10.000 boletos de lotería ilegal de la OID, por carecer de la correspondiente autorización administrativa para su venta”.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha añadido que “en Andalucía la única organización que posee autorización para la venta de boletos de este tipo de sorteos es la ONCE”.

La delegada ha señalado, igualmente, que “está proliferando la venta de boletos de otras organizaciones, que carecen de autorización para este tipo de loterías, como Discade, Aprodis y últimamente también PYDA, haciéndolos coincidir con el sorteo diario de la ONCE”.

La Unidad de Policía Adscrita calcula que el volumen de oferta de venta estas organizaciones en la provincia de Córdoba puede estar en torno a los 2.500 boletos ilegales por día.

Por esta razón, los agentes de la Policía Autonómica han llevado a cabo últimamente importantes intervenciones contra la lotería ilegal de la OID en otras provincias andaluzas, como en Cádiz, donde se realizó la mayor operación contra este tipo de juego fraudulento en Andalucía, con la intervención de cerca de 275.000 boletos, mientras que en Estepona (Málaga) se incautaron de 30.000 cupones.

BALANCE DE 2016

La delegada ha recordado que el último balance anual de la Policía andaluza refleja que levantó 1.622 actas de denuncias por juego ilegal en la provincia de Córdoba durante 2016. En total, los agentes realizaron 601 inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre juego. Además, inspeccionaron el estado de 316 máquinas recreativas, denunciaron la situación fraudulenta de cuatro de ellas y precintaron una.

De igual forma, la Unidad Adscrita confiscó en esta provincia 399 cartones de bingos ilegales y 796 boletos de loterías que carecían de autorización, y se incautó de cerca de 400 euros procedentes de este tipo de prácticas fraudulentas.

Según ha recordado Crespín, “el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación, y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes”.

Además, este tipo de actividades irregulares, según ha añadido Crespín, “constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales y también de las garantías de las personas que participan en estos juegos fraudulentos”.