La Oficina de Memoria Democrática abre sus puertas

La Oficina de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que atenderá los asuntos relacionados con todos los asuntos dependientes de la Ley Andaluza de Memoria Democrática, ya está abierta en Córdoba. Ubicada en la Delegación del Gobierno autonómico en la calle San Felipe de la capital, acaba de iniciar su actividad a mediados de este mes de noviembre y ya ha comenzado el trámite de varios expedientes.

Las funciones de la Oficina de Memoria Democrática, según confirman a este medio fuentes de la Delegación del Gobierno autonómico, se refieren al estudio y realización de actuaciones específicas en fosas, declaración de Lugares de Memoria Democrática en la provincia de Córdoba, convenios, inserción de la Memoria en el currículo educativo, subvenciones y proyectos especialmente vinculados a la difusión de esta materia.

Hasta la fecha, la Oficina ha tramitado ya la solicitud de un particular relativa a la exhumación de fosas donde se encuentran sus familiares, mientras que otras dos solicitudes de particulares están pendientes de cumplimentar toda la documentación requerida para iniciar su tramitación.

Asimismo, la oficina ha atendido diferentes consultas sobre simbología y relativas al callejero urbano en municipios cordobeses, además de prever actuaciones en la provincia relativas a la exhumación de fosas en Córdoba capital, Guadalcázar, Lucena, Castro del Río y Monturque.

La Oficina de Memoria Democrática pretende mantener una interlocución directa con los familiares de víctimas del franquismo y colectivos memorialistas, además de instituciones -ayuntamientos y la Diputación-, cuerpos y fuerzas de seguridad, así como juzgados de instrucción, equipos técnicos y científicos como arqueólogos, antropólogos, historiadores o genetistas y empresas cuyos trabajos se vinculan al ámbito memorialista.

Este nuevo organismo que nace del desarrollo de la Ley Andaluza de Memoria Democrática aprobada este año por el Parlamento andaluz, está conformado por personal de la administración autonómica adscrito a dicha oficina, para tramitar los asuntos de la misma y atender sus demandas.