Ocho meses para resolver los expedientes de la Renta Mínima de Inserción

Un grupo de trabajadores contra la exclusión | MADERO CUBERO

Ocho meses. Ese es el tiempo medio que está tardando el Gobierno andaluz en resolver los expedientes para la concesión de las ayudas de la Renta Mínima de Inserción, según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ha emitido una resolución dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la que recomienda que, previo análisis y valoración de la situación, se adopten soluciones.

El Defensor considera que hay que tomar medidas acerca de los medios personales y, en su caso, de otra índole, que resultan imprescindibles para permitir que se resuelva el procedimiento para conceder la Renta Mínima de Inserción (RMI) en los dos meses establecidos por el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, acordando en consecuencia los refuerzos, incrementos y medidas que procedan.

En esta resolución, a partir de la queja de oficio iniciada, el Defensor del Pueblo andaluz promueve que se adopten medidas para la formación de los servicios sociales comunitarios y así mejorar los instrumentos a su disposición para resolver de forma ágil las posibles dudas planteadas en cada solicitud en particular y suplir las deficiencias o lagunas de conocimiento en general. Esta Institución considera que, ante los déficits de atención a la ciudadanía, únicamente una información y asesoramiento adecuados permiten un correcto ejercicio de los derechos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz insta a que se corrijan las disfunciones en la aplicación del este decreto ley y de las reglas de su procedimiento administrativo. En particular, el Defensor del Pueblo andaluz se refiere a la acumulación o inadmisión de solicitudes sucesivas de un mismo solicitante, con el fin de garantizar prácticas homogéneas. En todo caso, subraya el Defensor del Pueblo andaluz, es preciso que la Administración complete los modelos de inadmisión por esta causa y advierta a la persona interesada de su derecho a desistir de la petición anterior en curso para formalizar una nueva.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz recomienda que la Administración se pronuncie sobre las medidas que hayan de acometerse para evitar que las resoluciones desestimatorias del derecho recaídas en mora de la Administración, hagan a la persona interesada cargar con consecuencias desfavorables, imputables a su falta de diligencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz, deben corregirse especialmente aquellas denegaciones fundadas en no haber mantenido el solicitante determinados requisitos durante el tiempo de la tramitación de la prestación, ya que la norma establece que los requisitos se cumplan en el momento de presentación de la solicitud, durante todo el proceso de tramitación y que se mantengan mientras se esté percibiendo. Sin embargo, este precepto ha dado lugar a situaciones injustas, ya que el expediente administrativo tarda en ser resuelto una media de ocho meses, en cuyo transcurso son muy diversas las situaciones personales y laborales que puede atravesar una familia en situación de necesidad.

El Defensor del Pueblo andaluz, ante las quejas que nos han venido dirigiendo la ciudadanía denunciando retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación y otro tipo de disfunciones, inició esta queja de oficio para conocer si está funcionando adecuadamente la nueva Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

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