¿Pero qué era esa nube de polvo que salió de Cosmos?

La plataforma Córdoba Aire Limpio denuncia en una nota de prensa que cuatro meses después del incidente que tuvo lugar en la fábrica de Cementos Cosmos de Córdoba y que provocó una nube de polvo , la Junta de Andalucía todavía no ha dado información sobre el alcance de dicho incidente.

El incidente fue recogido con profusión de fotografías en los medios de comunicación, se produjo el sábado 10 de septiembre del año pasado y generó una gran alarma social, pues fueron las llamadas de los vecinos y vecinas de la barriada de Fátima los que alertaron a la policía municipal y a los propios medios de comunicación de que una nube de polvo se extendió sobre la fábrica a primera hora de la mañana de dicho día.

Dos semanas después del incidente y como quiera que solo se había transmitido a los medios de comunicación la información suministrada por la empresa, Ecologistas en Acción, en nombre de la plataforma Córdoba Aire limpio solicitó (con fecha 28 de septiembre) “…toda la información que la Delegación Territorial del Medio Ambiente de Córdoba tenga sobre el accidente del día 10 de septiembre, tanto de la proporcionada por la propia Empresa como la realizada por los propios Servicios Técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, con especial interés en la cronología de los hechos y de las actuaciones y comunicaciones recibidas o enviadas para responder a una emergencia pública”, avanza el comunicado.

Cuatro meses después del incidente y de la solicitud de información que registró formalmente este colectivo, “la Junta de Andalucía solo ha remitido un escrito en el que únicamente se desarrollan reflexiones jurídicas sobre si la Junta está obligada o no a facilitar esta información, sin llegar al fondo del asunto y sin trasladar al colectivo solicitante ninguna información sobre el alcance de la referida nube de polvo y sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población circundante al foco de emisión”, se quejan los ecologistas.

Y esta “total ausencia de información” se produce, insiste el comunicado, “a pesar de que la ley 27/2006 por la que se regula el derecho de acceso a la información ambiental, en su Artículo 2.3 afirma que se entiende por información ambiental '…toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a)'”.

Para Córdoba Aire limpio el incidente del 10 de septiembre y la posición que sobre el mismo ha adoptado la Junta de Andalucía demuestran, por un lado, “que un complejo industrial de las características y el volumen de la fábrica de cemento no está exento de accidentes que pueden afectar a la salud de la población circundante, motivo por el cual de ninguna manera se deben autorizar en dichos complejos la utilización de sustancias potencialmente perjudiciales para la salud de la ciudadanía”.

Por otro lado, demuestra “la absoluta opacidad de la Junta de Andalucía y la total falta de transparencia que solo se puede interpretar como complicidad de la autoridad medio ambiental con los propietarios de estos complejos, de los que la Junta espera que, con la incineración, contribuyan a resolver la tímida política autonómica de gestión de residuos”. Para abundar en este argumento la plataforma subraya que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “tiene todavía pendientes de resolver cuatro recursos de alzada presentados por este colectivo ciudadano ante resoluciones de la propia Junta que esta plataforma considera improcedentes y que fueron recurridos vía recurso de alzada”.