Vivienda

Stop Desahucios presenta un decálogo de medidas sobre vivienda a los partidos políticos ante las municipales

La Plataforma Stop Desahucios en Córdoba ha presentado este miércoles un decálogo de medidas en materia de vivienda que ha entregado a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de la capital y al alcalde, José María Bellido, para que las asuman en sus programas electorales de cara a los comicios municipales del 28 de mayo.

Entre las medidas que solicita Stop Desahucios se incluye la recuperación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, la ampliación del parque público de viviendas, la puesta en funcionamiento del Centro de Emergencia Habitacional o ayudas al alquiler, además de acciones contra el sinhogarismo y contra el despoblamiento del casco histórico de la ciudad.

Este es el decálogo de medidas propuestas por la plataforma:

1.Recuperación de la actividad de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. La creación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda fue un logro y una esperanza para muchas familias, pero actualmente se encuentra cerrada de facto, sin apenas actividad ni recursos asignados; es urgente y necesario que cuente con una dotación de personal, servicios y recursos acorde a las necesidades de la población vulnerable y amenazada de desahucio a la que debería estar atendiendo, y es necesario que disponga de asesoramiento jurídico y mediación, para que pueda ser una herramienta efectiva para defender el derecho a una vivienda digna; incluyendo entre sus funciones las de una oficina de intermediación hipotecaria.

2.Ampliación del parque público de vivienda. La defensa del derecho a la vivienda digna, debe pasar siempre por la ampliación del parque público de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler social, sea municipal o autonómico, con acciones como las siguientes: Modificar el PGOU para crear reservas de suelo dotacional público y para garantizar que sólo se pueda calificar un suelo como urbanizable si responde a una necesidad de la población. Obligatoriedad de destinar un 30% de las viviendas nuevas construidas y de las promociones de vivienda rehabilitadas a alquiler a precio regulado (marcar un tope asequible) reservando un porcentaje mínimo para personas con necesidades específicas de personas con diversidad funcional, familias mono-maritales o personas mayores de 65 años. Crear y fomentar una Bolsa de Vivienda destinada a alquiler asequible que a través de incentivos y bonificaciones (como el IBI) a la propiedad permitan alquilar a precio un 30% por debajo del mercado. Desarrollar un programa de ayudas al alquiler, con un diseño no inflacionista, que permita reducir el gasto en vivienda de los hogares. Promover debates participativos con distintos organismos y entidades concernidas del Tercer Sector para fomentar el alquiler y el acceso a la vivienda

3.Potenciar programas basados en la vivienda para atahar el sinhogarismo. Se trata de potenciar programas basados en la vivienda para atajar el sinhogarismo y específicamente programas en colaboración con entidades del Tercer Sector (como el desaparecido Housing First, que debería recuperarse por el gran trabajo realizado y los buenos resultados obtenidos en el mismo), facilitando la cesión de uso de viviendas a estas entidades para poder incluirlas en sus programas de inclusión a través de la vivienda

4.Puesta en marcha del Centro de Emergencia Habitacional. Nuestra reclamación histórica sobre el Centro de Emergencia Habitacional de Córdoba en el antiguo Hospital Militar sigue vigente: no hay proceso participado de diseño del modelo de gestión que tendrá, y es imprescindible que el proyecto esté muy bien planteado, para que haya una intervención social integral y comunitaria. Los continuos retrasos en su apertura, que sigue sin producirse varios años después, están agravando el problema

5.Mejorar la comunicación entre administración local, juzgados y empresas de suministros y agentes sociales. Se debe mejorar la comunicación para un mejor seguimiento de las solicitudes de vivienda pública, así como la coordinación entre juzgados y el Sistema Público de Servicios Sociales para prevenir los procesos de pérdida de vivienda, tal y como Naciones Unidas solicita a España; así como la coordinación de las empresas suministradoras con los servicios sociales para detectar situaciones de vulnerabilidad antes de proceder a los cortes de suministros y proporcionar facilidades para fraccionar el pago del alta en los suministros y retrasos acumulados de acuerdo a la situación de la familia. Los agentes sociales dedicados a la defensa del derecho a una vivienda digna y los que trabajan con personas en riesgo de exclusión deberán estar incluidos siempre en esta comunicación. La declaración de Córdoba como Ciudad por la Vivienda Digna y contra los Desahucios en 2.016, debería marcar la política municipal de manera transversal, empezando por la propia Alcaldía, incluyendo una Comisión de Coordinación que lleva años sin convocarse.

6.Las ayudas de emergencia deben ser rápidas y estables. Las ayudas de emergencia y al alquiler son necesarias, pero han de ser rápidas y estables, mientras no haya un parque público de vivienda suficiente. Se establecen ayudas coyunturales a situaciones estructurales, ayudas temporales que sólo aplazan el problema, y necesitamos generar expectativas claras de solución y futuro, para las familias más vulnerables y la gente más joven. Todo esto pasa por una ampliación y mejora de los recursos en Servicios Sociales y otras delegaciones municipales.

7.Evitar la gentrificación y la infravivienda. En el casco histórico y otras zonas se están perdiendo centenares de viviendas que pasan a tener un uso turístico; esto agrava el problema de vivienda que tenemos, por lo que urge que el Ayuntamiento tome medidas para frenar el proceso y facilitar la vuelta de población a nuestros barrios más históricos: revisión del planeamiento urbanístico y los usos permitidos, fomentar las cooperativas de cesión de uso, desarrollar acciones para limitar de los precios de alquiler, así como el fomento de la rehabilitación urbana de edificios a través de subvenciones directas a viviendas destinadas a alquiler asequible y social, evaluando a su vez las necesidades de rehabilitación en los barrios e identificando bolsas de infravivienda que necesiten actuaciones urgentes.

8.Fomentar la sensibilización ciudadana sobre las personas en situación de vulnerabilidad social. Fomentar acciones de información y sensibilización sobre la situación de las personas en situación de vulnerabilidad social dirigida a particulares y agencias inmobiliarias, con el objetivo de contrarrestar actitudes de rechazo y discriminación a la hora de alquilar viviendas a dichas personas y evitar situaciones de discriminación, así como la criminalización de las personas en dicha situación y de las acciones, como los realojos, que pueden verse obligadas a hacer.

9. El Ayuntamiento debe presionar a bancos y fondos buitre para que sus viviendas vacías estén disponibles para alquiler social. Desde las administraciones públicas, tanto locales como regionales y estatales, se debe presionar a los bancos y fondos buitre para que pongan sus viviendas vacías a disposición de alquiler social, y aplicar sanciones a grandes propietarios con viviendas que no cumplen su función social; hay que tener un censo claro de esas viviendas vacías, y hacer un seguimiento cercano a las familias en situaciones extremas a las que se instala en pisos de bancos que cedieron para alquiler social.

10. El Ayuntamiento debe exigir a la Junta de Andalucía que actúe contra los bancos que no informen a las familias de la titulización de los préstamos. El Ayuntamiento debe exigir a la Junta de Andalucía que actúe severamente contra los bancos que no informan a las familias amenazadas de desahucio si titulizaron o no la hipoteca. Ya que el Parlamento Andaluz no quiso apoyar una ley específica que se propuso el 1 de febrero de 2018, que se use la de consumo, pero que se actúe de forma contundente, porque si titulizaron la hipoteca, si la vendieron, no son los legítimos acreedores.